Compartir
Twittear
MensajearCuliacán, Sinaloa, 29 de mayo del 2026.- Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas del gobierno de Rubén Rocha Moya en Sinaloa, ya se encuentra en Estados Unidos luego de entregarse en Irlanda ante las acusaciones que enfrenta por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.
El exfuncionario pasó de ser empresario inmobiliario en el noroeste del país a convertirse en uno de los hombres con mayor control financiero dentro del gobierno estatal sinaloense, pese a no contar con experiencia previa en la administración pública.
Su trayectoria empresarial comenzó entre 2002 y 2008, cuando fungió como director general de Comercial Digax S.A. de C.V. Posteriormente asumió el control de Housesin Desarrollos S.A. de C.V., inmobiliaria que se convirtió en una de las principales bases de su red empresarial y política.
En noviembre de 2021, el gobernador Rubén Rocha Moya lo nombró secretario de Administración y Finanzas de Sinaloa, cargo desde el cual manejó el presupuesto estatal, licitaciones, compras gubernamentales y operaciones financieras hasta septiembre de 2024.
Durante su gestión fortaleció su cercanía con Morena y llegó incluso a buscar una candidatura interna. Además, compartió gabinete con Javier Gaxiola Coppel, entonces secretario de Economía y uno de sus principales socios empresariales, consolidando una dupla con influencia sobre el desarrollo económico y el manejo de recursos públicos en el estado.
De acuerdo con reportes, Díaz Vega mantuvo vínculos societarios con al menos diez empresas relacionadas con la familia Gaxiola Coppel, entre ellas Urbaland, CashForCars, Olympo Farms y Housesin Desarrollos.
Uno de los episodios más polémicos ocurrió en 2022, cuando la dependencia encabezada por Díaz Vega otorgó un contrato superior a 3.6 millones de pesos para la compra de camionetas a una empresa ligada al grupo empresarial de su socio en el gabinete.
Tras el escándalo por el presunto conflicto de interés, el gobierno estatal canceló la adjudicación. Sin embargo, otras compañías relacionadas con su entorno empresarial continuaron obteniendo contratos de obra pública y ventas millonarias al gobierno sinaloense.
Ahora, el exfuncionario enfrenta señalamientos del Departamento de Justicia de Estados Unidos, mientras las autoridades continúan con las investigaciones sobre sus presuntos nexos con el crimen organizado.
