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MensajearMorelia, Mich., a 2 de junio de 2026. — A más de cuatro años del asesinato del periodista Armando Linares López, director de Monitor Michoacán, el caso volvió a sacudir al Poder Judicial del estado luego de que el Tribunal de Disciplina Judicial iniciara una investigación formal contra dos titulares jurisdiccionales de la región de Zitácuaro por presuntas omisiones e irregularidades relacionadas con expedientes altamente sensibles, entre ellos el del comunicador ejecutado en 2022.
La revelación encendió nuevamente las alertas sobre la cadena de impunidad que ha rodeado uno de los crímenes más emblemáticos contra la prensa en Michoacán, donde hasta hoy no existe una sentencia firme contra autores intelectuales y donde incluso uno de los principales detenidos terminó siendo liberado.
El magistrado presidente del Tribunal de Disciplina Judicial, José Alfredo Flores Vargas, confirmó que ambos funcionarios judiciales ya fueron separados provisionalmente de sus cargos como parte de medidas cautelares derivadas de las investigaciones internas.
Aunque evitó revelar identidades o detalles específicos de los expedientes involucrados, reconoció que se trata de asuntos “altamente sensibles”, relacionados no solo con el homicidio de Armando Linares, sino también con el caso de otra periodista de la región oriente del estado.
“Tenemos que ser mucho muy cuidadosos. Las medidas que se están tomando en este momento son propiamente medidas cautelares; la presunción de inocencia es totalmente clara. No hay ninguna sanción al respecto ni una situación donde estemos determinando ya alguna responsabilidad”, declaró.
La investigación reabre heridas en un caso que desde el inicio estuvo marcado por amenazas, señalamientos políticos, presuntas redes de protección y una larga cadena de irregularidades.
Armando Linares fue asesinado el 15 de marzo de 2022 en Zitácuaro, apenas semanas después del homicidio de su colaborador Roberto Toledo. Ambos trabajaban para Monitor Michoacán, medio que había publicado investigaciones sobre presunta corrupción política, contratos públicos y redes de poder vinculadas al grupo político zitacuarense.
Previo a su ejecución, Linares denunció públicamente amenazas derivadas de su trabajo periodístico y señaló presiones relacionadas con personajes de alto perfil político en Michoacán.
El caso se convirtió rápidamente en símbolo nacional de la violencia contra periodistas y de la incapacidad institucional para protegerlos.
Años después, la polémica aumentó cuando uno de los principales acusados por el asesinato de Linares fue liberado por un juez debido a presuntas inconsistencias y fallas en la integración de la carpeta de investigación, situación que provocó fuertes críticas contra la Fiscalía y el sistema judicial michoacano.
Ahora, la nueva investigación disciplinaria abre una línea explosiva: la posible existencia de negligencias, omisiones o actuaciones irregulares dentro del propio aparato judicial en torno a expedientes relacionados con periodistas atacados en Zitácuaro.
Flores Vargas informó además que actualmente existen siete sentencias firmes contra funcionarios del Poder Judicial de Michoacán —desde escribientes hasta jueces— así como al menos doce procedimientos adicionales contra personal administrativo, con sanciones que van desde amonestaciones hasta inhabilitaciones.
Sin embargo, varios de esos procesos permanecen bajo revisión mediante recursos legales y juicios de amparo.
Mientras tanto, el asesinato de Armando Linares continúa oficialmente sin esclarecerse por completo y convertido en uno de los expedientes más incómodos para las instituciones de justicia en Michoacán.
