Ciudad de México, a 26 de junio de 2025.- En una ofensiva sin precedentes contra el lavado de dinero ligado al tráfico de opioides y la corrupción política, el gobierno de Estados Unidos ha colocado a Vector Casa de Bolsa en el centro de una compleja red financiera que, según Washington, fue utilizada para mover millones de dólares ilícitos. La firma, estrechamente ligada al empresario y exjefe de la Oficina de la Presidencia Alfonso Romo, habría servido como vía para canalizar sobornos al exsecretario de Seguridad Pública Genaro García Luna, hoy condenado en EE.UU. por su relación con los cárteles mexicanos de la droga.
Según documentos publicados por la Red de Control de Delitos Financieros del Gobierno estadounidense (FinCEN), Vector procesó al menos 40 millones de dólares en transacciones que estarían vinculadas a pagos del Cártel de Sinaloa a García Luna entre 2013 y 2019, período que coincide con el tiempo en que Romo aún mantenía fuerte influencia como presidente honorario de la firma, además de ser al final de ese periodo Jefe de Oficina de la Presidencia con Andrés Manuel López Obrador. Asimismo, la casa de bolsa habría facilitado operaciones por más de 2 millones de dólares relacionadas con el lavado de recursos de origen criminal y otros pagos ligados a la compra de insumos químicos desde China.
Aunque Alfonso Romo no figura directamente en los documentos como responsable de estas operaciones, su papel como figura central en Vector —que adquirió en 1987 y convirtió en una de las principales firmas de inversión del país— ha levantado cuestionamientos sobre los mecanismos de supervisión interna y la posibilidad de que las estructuras financieras de alto nivel hayan sido cooptadas por intereses criminales sin detección oportuna.
“Estamos comprometidos con la transparencia y el cumplimiento de la ley”, aseguró Edgardo Cantú Delgado, director general de Vector e hijo de Romo, en un comunicado donde negó categóricamente cualquier vínculo con el crimen organizado. La institución sostiene que no ha sido notificada formalmente por autoridades estadounidenses ni mexicanas sobre irregularidades.
La sanción impuesta por el Departamento del Tesoro estadounidense, bajo la nueva FEND Off Fentanyl Act, prohíbe a bancos y entidades financieras en EE.UU. mantener cualquier relación comercial con Vector, CIBanco o Intercam Banco, también señalados por prácticas similares. La medida entra en vigor en menos de tres semanas y amenaza con aislar a estas firmas del sistema financiero internacional.
En México, la reacción oficial ha sido cauta. La presidenta Claudia Sheinbaum solicitó a EE.UU. que comparta las pruebas que sustentan las acusaciones. Tanto la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) informaron que, hasta el momento, no existen elementos suficientes para iniciar procedimientos en territorio nacional.