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MensajearTijuana, BC., a 6 de abril de 2026.- Baja California podría estar al borde de uno de los escándalos políticos más explosivos de los últimos años. El periodista Raymundo Riva Palacio adelantó que la gobernadora Marina del Pilar Ávila estaría “cerca de quedar envuelta en un escándalo”, luego de que investigadores estadounidenses habrían detectado pagos multimillonarios del crimen organizado a su exesposo, presuntamente a cambio de permitir la operación de grupos criminales en la entidad.
El señalamiento fue publicado por el propio columnista en redes sociales como adelanto de su columna “Estrictamente Personal”, donde —según anticipó— revelará detalles de una investigación que apunta directamente al entorno más cercano de la mandataria estatal.
Si la información se confirma, el caso podría detonar una crisis política de gran magnitud en el estado fronterizo.
Visa cancelada: la primera señal de alerta
Las nuevas acusaciones llegan en medio de un contexto que ya había encendido las alarmas. En 2025, el gobierno de Estados Unidos revocó las visas tanto de Marina del Pilar como de su entonces esposo, Carlos Torres, una medida poco común tratándose de una gobernadora en funciones.
Washington nunca explicó públicamente los motivos de la cancelación, pero la decisión generó una ola de especulaciones sobre posibles investigaciones financieras o de seguridad vinculadas al entorno de la mandataria.
Divorcio en medio de la tormenta
Meses después de la polémica por las visas, la gobernadora anunció su divorcio de Carlos Torres, una decisión que en círculos políticos fue interpretada como un intento de deslindarse del escándalo que comenzaba a rodear a su esposo.
Torres ha negado cualquier vínculo con el crimen organizado y ha asegurado que las acusaciones responden a campañas de desprestigio.
Sin embargo, el anuncio de la ruptura no logró apagar las sospechas.
Guerra política en Baja California
El clima político en el estado se ha vuelto aún más tenso debido a la confrontación abierta entre Marina del Pilar y el exgobernador Jaime Bonilla, quien ha lanzado duras acusaciones contra la actual administración.
Bonilla ha asegurado públicamente que el crimen organizado ha infiltrado la política estatal y que es la mandataria estatal una “narcogobernadora”, señalamientos que la gobernadora ha rechazado y que derivaron en denuncias y acusaciones mutuas.
El choque entre ambos ha convertido el caso en una batalla política que se libra tanto en tribunales como en la arena mediática.
Un estado estratégico bajo sospecha
La gravedad potencial del escándalo no es menor. Baja California es una de las principales puertas de entrada del narcotráfico hacia Estados Unidos y un territorio disputado por organizaciones criminales.
Por ello, cualquier indicio de vínculos entre autoridades políticas y grupos delictivos genera una inmediata atención internacional.
Con el adelanto de Riva Palacio, el caso vuelve a colocarse en el centro del debate público. Si las revelaciones prometidas incluyen pruebas o documentos, el escándalo podría escalar rápidamente y colocar al gobierno de Baja California bajo una presión política sin precedentes.
Por ahora, el estado observa cómo se acumulan las señales de una crisis que, de confirmarse las acusaciones, podría sacudir los cimientos del poder político en la frontera norte.
