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MensajearZitácuaro, Mich., a 4 de abril de 2026.— Una estructura clandestina, meticulosa y con presunta complicidad institucional mantiene bajo control el flujo de drogas dentro de penales en el occidente del país. El crimen organizado ha consolidado una red de distribución en cárceles de Michoacán, Querétaro y Jalisco, utilizando métodos tradicionales y modernos que evidencian el alcance de su poder más allá de las calles.
De acuerdo con documentos atribuidos al Cártel Jalisco Nueva Generación y obtenidos en febrero pasado por corresponsales del Universal, existe un registro detallado de pagos y entregas de droga bajo el concepto de “salida de balones”, término utilizado históricamente para describir el ingreso de sustancias y objetos prohibidos a los centros penitenciarios. Sin embargo, especialistas advierten que esta práctica ha evolucionado hacia esquemas más sofisticados que implican redes internas y posibles actos de corrupción entre autoridades.
El documento, elaborado a mano y fechado en diciembre de 2025, contabiliza operaciones específicas en distintos centros de reclusión. En el penal Hermanos López Rayón, en Zitácuaro, Michoacán —zona estratégica en disputa criminal— se reportan envíos identificados como “balones”, lo que confirma la actividad constante del grupo en esta región clave.
En ese mismo municipio, el nombre de William Edwin Rivera Padilla, alias “El Barbas”, emerge como una figura central. Identificado como presunto líder del CJNG en la zona, habría ofrecido hasta dos millones de pesos a un exfuncionario penitenciario estatal a cambio de control operativo dentro de las cárceles michoacanas, según un audio recientemente difundido.
La operación no se limita a Michoacán. En Querétaro, entidad donde el CJNG ha expandido su presencia en los últimos años, también se registran envíos bajo el mismo esquema. Apenas en enero de 2026, la detención de Ramón Mora Rojas, alias “El Moncho”, presunto líder de una célula vinculada al cártel, evidenció la diversificación de actividades ilícitas que incluyen secuestro, extorsión y robo de combustible.
Los registros internos también detallan pagos y entregas asignadas a distintos operadores identificados por apodos, lo que sugiere una estructura organizada y jerárquica dentro del sistema penitenciario. Las anotaciones incluyen múltiples “balones” dirigidos a diferentes actores, consolidando un esquema de distribución que parece operar con precisión logística.
En Jalisco, el control del grupo quedó aún más expuesto tras el aseguramiento de objetos prohibidos en el penal de Ciudad Guzmán y la reubicación de internos vinculados a estas redes. Pero el episodio más alarmante ocurrió en Puerto Vallarta, donde tras un operativo federal, el CJNG irrumpió en un centro penitenciario y logró la liberación de 23 reos, evidenciando su capacidad de respuesta y operación incluso frente a fuerzas federales.
La organización, fundada por Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, ha demostrado que su influencia no solo se mantiene, sino que se adapta y profundiza en espacios clave como las cárceles, donde el control interno representa poder, dinero y continuidad operativa.
Hasta ahora, las autoridades han logrado recapturar solo a una fracción de los internos fugados, mientras persisten las interrogantes sobre el nivel de infiltración criminal dentro de los sistemas penitenciarios estatales. La evidencia apunta a una realidad inquietante: los muros de las prisiones ya no son barrera, sino parte del engranaje del crimen organizado.
