Compartir
Twittear
MensajearMorelia, Michoacán, a 12 de febrero de 2026.- Propone el diputado Memo Valencia legislar para ponerle un alto a financieras automotrices, dedicadas a defraudar a quienes menos tienen.
Indicó que tipificar como fraude específico esta forma de operar expuesta desde hace años por la organización civil Revolución Social, podrá evitar que familias enteras se queden sin parte de su patrimonio y dotar de herramientas legales a las autoridades para la persecución del ilícito.
"Revolución Social ha atendido a víctimas de estas estafas al menos desde diciembre de 2023, lo que indica que las autoridades no han hecho lo necesario para erradicar este delito o el marco normativo no es suficiente", expresó.
Recordó que la forma de operar de las financieras automotrices consiste en ofrecer vehículos con bajo enganche y mensualidades accesibles, obligando a las víctimas a firmar contratos que pretenden convertir una estafa en un asunto mercantil para evadir la justicia.
"Estas supuestas empresas operan frecuentemente sin autorizaciones federales, ni licencias municipales. Cuando las personas se enfadan del incumplimiento del supuesto contrato y después de las negativas de la entrega del vehículo y el maltrato que reciben al exigir sus derechos, es que se dan cuenta de que fueron víctimas de un fraude", dijo.
Por ello, "les propongo una reforma ambiciosa al Código Penal que tipifique puntualmente esta conducta como fraude específico que agrave las penas del caso y que esta responsabilidad alcance a todas las personas relacionadas laboralmente con estas empresas formales o informales dedicadas a estos supuestos financiamientos automotrices fraudulentos y que también se persiga de oficio y no sea necesaria una querella de la persona ofendida", mencionó el diputado priista.
Señaló que la iniciativa para reformar las fracciones XX y XXI del artículo 218 y 221, así como para adicionar la fracción XXII y un último párrafo al artículo 218 del Código Penal para el Estado de Michoacán, busca también inhibir que las personas escudadas en el supuesto desconocimiento o bajo el argumento de ser simples empleados eludan su responsabilidad legal.
"Que toda persona que trabaja en un negocio de este giro fraudulento, asuma su responsabilidad y pague por sus actos ante la justicia", finalizó.
