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MensajearCiudad de México, a 6 de mayo de 2026.— La tensión entre México y Estados Unidos escaló drásticamente luego de que el presidente Donald Trump amenazara con actuar directamente contra los cárteles mexicanos y el fiscal general interino estadounidense, Todd Blanche, confirmara que vienen nuevas acusaciones contra funcionarios y políticos mexicanos presuntamente ligados al narcotráfico.
Las declaraciones ocurren en medio de uno de los episodios más delicados en la relación bilateral en décadas: la imputación formal en Nueva York contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios mexicanos señalados de colaborar con el Cártel de Sinaloa.
La acusación, presentada el 29 de abril por fiscales del Distrito Sur de Nueva York, sostiene que Rocha Moya y otros funcionarios habrían facilitado operaciones del grupo criminal encabezado por Los Chapitos a cambio de apoyo político y protección institucional.
El caso detonó un terremoto político en México.
El 1 de mayo, Rocha Moya solicitó licencia temporal al cargo, perdiendo con ello el fuero constitucional mientras avanzan las investigaciones y posibles solicitudes de extradición impulsadas desde Washington.
Pero el golpe político no quedó ahí.
El pasado 4 de mayo, la Casa Blanca presentó oficialmente su Estrategia Nacional Antidrogas 2026, un documento que coloca a México en el centro de la política de seguridad estadounidense y que endurece el enfoque contra los cárteles, ahora considerados por Washington como organizaciones terroristas extranjeras.
La estrategia incluye la persecución internacional de precursores químicos; expansión de operaciones de inteligencia; sanciones financieras; presión para extradiciones; y coordinación directa contra estructuras criminales.
Uno de los puntos más sensibles revelados en esos días fue la confirmación de que agentes de inteligencia estadounidenses ya participaban en operaciones relacionadas con laboratorios clandestinos en México.
Reportes citados por medios estadounidenses señalaron que dos agentes de la CIA murieron el 19 de abril en Chihuahua tras participar en un operativo antidrogas.
La presidenta Claudia Sheinbaum reclamó entonces que el gabinete mexicano no fue informado plenamente de esa operación, lo que incrementó las tensiones diplomáticas.
Fue en ese contexto que Trump lanzó la frase que encendió las alarmas:
“Si ellos no hacen el trabajo, nosotros lo haremos”.
El mandatario estadounidense hizo referencia a operaciones contra el narcotráfico y sugirió que, tras reforzar acciones marítimas en el Caribe, ahora podría venir una etapa “terrestre” contra los cárteles.
Aunque Trump no detalló posibles acciones militares, sus palabras fueron interpretadas como una advertencia directa hacia México y como parte de la narrativa que su administración ha impulsado desde 2025 para justificar una política más agresiva bajo el concepto de combate al “narcoterrorismo”.
Paralelamente, el fiscal general interino Todd Blanche confirmó este 7 de mayo que el Departamento de Justicia prepara nuevas acusaciones contra políticos mexicanos y aseguró que las investigaciones no terminarán en el caso Rocha Moya.
Según Blanche, varios expedientes se fortalecen con información obtenida de narcotraficantes extraditados y operadores criminales que han comenzado a colaborar con autoridades estadounidenses.
Las declaraciones del funcionario fueron interpretadas como la confirmación de que Washington busca ir más allá de los líderes criminales y perseguir presuntas redes de protección política dentro de México.
Mientras tanto, en el Congreso mexicano, el caso ya provocó enfrentamientos entre Morena y la oposición. PAN, PRI y Movimiento Ciudadano exigieron investigar la posible infiltración del narcotráfico en gobiernos estatales, mientras legisladores oficialistas acusaron a Estados Unidos de intentar intervenir políticamente en México.
El gobierno mexicano ha rechazado cualquier subordinación a Washington y sostiene que Estados Unidos aún no ha entregado pruebas suficientes para proceder judicialmente contra los funcionarios acusados.
Sin embargo, el endurecimiento del discurso estadounidense y la combinación de presión política, judicial y de inteligencia han abierto un escenario sin precedentes.
Por primera vez en años, la narrativa en Washington ya no se centra únicamente en los cárteles mexicanos, sino en la posibilidad de que existan estructuras políticas presuntamente infiltradas por el narcotráfico.
Y esa diferencia está redefiniendo la relación entre ambos países.
