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MensajearMúgica, Mich., a 15 de mayo de 2025.- El 15 de mayo de 2017 marcó un día oscuro para el periodismo en México. Ese día desapareció el periodista michoacano Salvador Adame Pardo, director de Canal 6 en Nueva Italia, en el municipio de Múgica. Pese a la gravedad del hecho y a los antecedentes de hostigamiento que ya había sufrido, el entonces gobernador Silvano Aureoles no hizo nada para cuidarlo, menos aún cumplió con las promesas que hizo a la familia, dejando en la impunidad este crimen, así como otros más de 10 mil cometidos en su mandato.
Los restos calcinados de Adame fueron hallados 42 días después, el 26 de junio, pero la identificación forense se realizó sin participación de su familia, generando dudas y aumentando la desconfianza sobre las acciones de la Procuraduría del Estado.
Ya en abril de 2016, Salvador y su esposa Frida Urtiz habían sido detenidos y golpeados por elementos de la Policía del Mando Único mientras cubrían una protesta frente a la presidencia municipal de Múgica. El desalojo fue solicitado por el alcalde Salvador Ruiz Ruiz, en medio del conflicto por la obra inconclusa Ciudad de las Mujeres, una promesa presidencial que quedó como símbolo del abandono gubernamental.
A pesar de estos antecedentes, la Procuraduría estatal encabezada por José Martín Godoy Castro optó por minimizar el caso, enfocando la investigación hacia un supuesto conflicto personal con el crimen organizado, descartando desde el inicio su labor informativa como móvil principal, aun cuando Salvador había sido amenazado por Los Viagras, grupo criminal que se fortaleció durante el sexenio de Aureoles.
De acuerdo con la organización en defensa de la libertad de expresión, Artículo 19, desde la desaparición de Salvador, el trato hacia su familia por parte de las autoridades fue revictimizante: manipulación psicológica, presión para guardar silencio, y nula transparencia en el proceso. Promesas de apoyo económico y laboral hechas por el propio gobernador Silvano Aureoles nunca fueron cumplidas. Además, se filtraron versiones que atribuían su desaparición a problemas personales, estigmatizando al periodista y debilitando la exigencia de justicia.
En redes sociales y medios locales, las denuncias señalaban al líder criminal Feliciano Ledezma, alias "El Chano Peña", como presunto responsable del secuestro, junto a otros integrantes del P.J.N.G., pero el gobierno estatal nunca actuó con firmeza. La única detención relacionada con el caso no ha derivado en sentencia alguna.
El papel del gobierno estatal fue, desde el inicio, omiso y negligente. El caso no solo refleja la violencia contra la prensa en México, sino también la complicidad institucional a través del silencio, la inacción y la revictimización. La exigencia de justicia por parte de la familia Adame y organizaciones como Artículo 19 fue constante: demandando una investigación seria, con líneas centradas en su trabajo como periodista y no en hipótesis estigmatizantes.
Hoy, a ocho años de su desaparición, el crimen de Salvador Adame sigue impune. Su familia, colegas y defensores de la libertad de expresión continúan esperando verdad, justicia y garantías para que casos como el suyo no se repitan. Pero mientras las instituciones mantengan su política de silencio, el mensaje es claro: en Michoacán, denunciar la corrupción y el abandono gubernamental a las víctimas puede costar la vida.
