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MensajearMorelia, Mich., a 2 de julio de 2026.- Un conflicto familiar terminó en una escena que ha generado indignación y un intenso debate sobre los derechos de la infancia, luego de que un hombre lograra recuperar judicialmente una vivienda de su propiedad, provocando el desalojo de su propio hijo menor de edad y de su exesposa.
La diligencia se llevó a cabo la mañana de este jueves en un domicilio ubicado sobre la calle Volcanes de San Andrés, en la colonia Santiaguito, donde actuarios y autoridades dieron cumplimiento a una resolución emitida por un juez, poniendo fin a la permanencia de la mujer y del menor en el inmueble.
De acuerdo con la información disponible, tras el divorcio de la pareja, el niño continuó viviendo en la casa junto con su madre, mientras el padre cumplía con el pago de una pensión alimenticia mensual de tres mil pesos.
Sin embargo, el propietario promovió un procedimiento judicial para recuperar la vivienda, argumentando que el cumplimiento de la pensión alimenticia no lo obligaba a seguir proporcionando el inmueble como habitación para su exesposa y el menor.
Aunque la ejecución del desalojo estaría sustentada en una resolución judicial, el caso ha despertado fuertes cuestionamientos sobre si las autoridades privilegiaron el derecho de propiedad por encima del interés superior de la niñez.
Juristas han señalado que cuando una decisión judicial afecta directamente a un menor, los jueces tienen la obligación de valorar no sólo la legalidad del procedimiento, sino también las consecuencias que la medida tendrá sobre sus derechos fundamentales, particularmente el acceso a una vivienda adecuada y a un entorno estable para su desarrollo.
La imagen de un menor siendo desalojado de la que hasta ese momento era su casa ha generado críticas entre vecinos y ciudadanos, quienes consideran que el conflicto rebasa el ámbito patrimonial para convertirse en un asunto de derechos humanos.
Hasta ahora no se ha informado si la madre y el menor cuentan con otro lugar donde vivir ni si buscarán combatir la resolución mediante algún recurso legal.
El caso pone nuevamente sobre la mesa una pregunta incómoda: ¿puede una decisión ser legal y, al mismo tiempo, dejar desprotegido a un menor de edad? Esa será la discusión que seguramente seguirá después del desalojo que hoy sacudió a la colonia Santiaguito.
