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MensajearTijuana, BC., a 22 de mayo de 2025.- La directora del reconocido Semanario ZETA, Adela Navarro Bello, enfrenta una ola de amenazas telefónicas desde finales de abril, luego de publicar una serie de reportajes que vinculan a figuras del poder en Baja California con presuntos actos de corrupción, censura institucional y crimen organizado.
Las amenazas comenzaron después de que el medio revelara que la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda habría ordenado detener la excavación de una fosa clandestina ubicada en las inmediaciones de San Juan de la Costa, donde ya se habían hallado tres cuerpos. “No queremos un Teuchitlán”, habría dicho la mandataria en una reunión de seguridad, en alusión al caso de violencia masiva ocurrido en Jalisco y que involucra al Cártel Jalisco Nueva Generación.
Desde entonces, Navarro y su equipo han recibido al menos ocho llamadas anónimas con advertencias dirigidas directamente a ella: “que se cuide”, según relató en entrevista. Las llamadas, atendidas por la recepcionista del semanario, provienen presuntamente de un hombre joven, y se escuchan con eco, lo que sugiere que podrían hacerse desde una habitación vacía o un lugar aislado.
El medio acudió inicialmente a las autoridades estatales. El secretario de Seguridad, general Laureano Carrillo, fue el primero en recibir el informe detallado de los horarios y mensajes de las llamadas. Sin embargo, la falta de herramientas como un identificador de llamadas limitó la respuesta institucional. Tras la última amenaza, ocurrida el 16 de mayo, el Semanario decidió acudir a la organización internacional Artículo 19, especializada en la defensa de la libertad de expresión, para dejar constancia formal de los hechos.
El conflicto se intensificó tras la publicación de reportajes que revelan presuntas investigaciones en curso contra los hermanos Carlos Alberto y Luis Alfonso Torres Torres, cuñados de la gobernadora Marina del Pilar. Carlos Torres, actual coordinador de Proyectos Estratégicos en la administración estatal, y su hermano, exfuncionario aduanal, estarían ligados a actividades de robo de combustible (huachicol) según información confirmada por fuentes del Departamento de Estado de EE.UU.
La situación provocó, según fuentes diplomáticas citadas por Navarro, la revocación de la visa estadounidense tanto a la gobernadora como a su esposo. La inusual decisión del gobierno norteamericano habría sido influida también por el intento de frenar las excavaciones de fosas, hecho que alertó a agencias internacionales sobre una posible protección institucional a estructuras delictivas.
A pesar de la gravedad de las amenazas, la periodista ha rechazado incorporarse al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, argumentando desconfianza. “No funciona. Hay compañeros que estaban bajo ese mecanismo y fueron asesinados. No hay castigo ni reacción real del Estado mexicano”, denunció.
Durante 2024, la organización Artículo 19 documentó 90 casos de amenazas contra periodistas en México, la mayoría relacionadas con temas de seguridad, corrupción y crimen organizado.
En un contexto donde la prensa libre continúa siendo blanco de ataques, el caso de Adela Navarro subraya los riesgos de ejercer el periodismo de investigación en un país donde los intereses del poder político y criminal con frecuencia se entrelazan.
La comunidad periodística exige que la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) actúe de forma urgente y que se otorguen medidas de protección inmediatas para el equipo de Semanario ZETA. La libertad de prensa, afirman, no puede ser rehén del silencio ni de la impunidad.
