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MensajearUruapan, Mich., a 6 de mayo de 2026.— La polémica en torno al celular de Carlos Manzo Rodríguez abrió un nuevo frente político y mediático en Uruapan: mientras la alcaldesa Grecia Quiroz exige públicamente justicia por el asesinato de su esposo, mantiene restricciones para que la Fiscalía de Michoacán tenga acceso pleno al dispositivo que podría convertirse en una pieza clave de la investigación.
La contradicción ha sido señalada por actores políticos, familiares del exalcalde y sectores de la opinión pública, quienes cuestionan cómo puede impulsarse el esclarecimiento del crimen mientras se limita el acceso a posibles pruebas relevantes.
El fiscal general de Michoacán, Carlos Torres Piña, confirmó que la Fiscalía solicitó el teléfono celular de Carlos Manzo en al menos dos ocasiones desde finales de 2025, sin que hasta ahora haya sido entregado formalmente a la autoridad ministerial. Según explicó, el aparato podría contener llamadas, mensajes, contactos o indicios relacionados con amenazas previas y con la logística del atentado ocurrido el pasado 1 de noviembre durante las celebraciones de Día de Muertos en el centro de Uruapan.
Grecia Quiroz ha defendido su postura argumentando desconfianza hacia las autoridades investigadoras y asegurando que únicamente permitiría revisar el celular en su presencia, para evitar una eventual manipulación de la información. También sostuvo que su esposo había expresado en vida que no quería que nadie más tuviera acceso a su teléfono en caso de que algo le ocurriera.
Sin embargo, las explicaciones no han frenado las críticas.
Juan Manzo, hermano del exalcalde asesinado, calificó como “grave” la negativa y consideró que ningún interés personal debería colocarse por encima del esclarecimiento del crimen. A las críticas también se sumaron voces políticas que advirtieron que el caso podría derivar incluso en solicitudes judiciales para asegurar el dispositivo.
La controversia creció aún más porque, paralelamente, Grecia Quiroz ha elevado el tono de sus declaraciones públicas, acusando que en Michoacán opera una estructura de crimen organizado con capacidad de influir en gobiernos y corporaciones de seguridad. En distintos mensajes y entrevistas, la alcaldesa ha exigido resultados contundentes y ha acusado falta de avances reales en la investigación del homicidio de Carlos Manzo.
Ese discurso ha provocado que la discusión pública se polarice.
Por un lado, simpatizantes de Quiroz consideran comprensible su desconfianza hacia la Fiscalía y sostienen que el teléfono podría contener información sensible, tanto política como personal. Del otro, críticos afirman que retener el aparato alimenta sospechas innecesarias y debilita el discurso de exigencia de justicia.
Hasta el momento no existe información pública que indique que el celular haya sido destruido o alterado, pero tampoco se ha confirmado que las autoridades hayan podido realizar un peritaje completo sobre el dispositivo.
Mientras tanto, el asesinato de Carlos Manzo continúa sin detenidos y el llamado “celular de la discordia” se ha convertido en uno de los símbolos más polémicos y delicados del caso.
