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MensajearCiudad de México a 29 de noviembre de 2025.- La investigación contra Raúl Rocha Cantú ya no es solo un expediente mediático: la Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que parte central de las acusaciones incluye la operación de una estructura criminal dedicada al tráfico de armas y combustible ilícito a gran escala. De acuerdo con el expediente de la causa penal 495/2025, el mecanismo utilizaba rutas transfronterizas desde Guatemala hacia México y empleaba instalaciones legales como fachada operativa.
El huachicol que cruzaba fronteras
Las autoridades señalan que el combustible ingresaba desde Guatemala a través de rutas fluviales y terrestres, evadiendo los controles aduanales. Ya en México, la red lo almacenaba en instalaciones del complejo Ferropolymers en Querétaro, conocido como “La Espuela”. Desde ahí era trasladado a otra locación donde se mezclaba con MTBE y nafta para aparentar ser producto legal.
Este proceso de “blanqueo” de combustible permitía insertar el producto en estaciones de servicio y empresas fachada sin levantar sospechas, consolidando un negocio que se disfrazaba de distribución legal.
Además de este negocio ilegal, empresas relacionadas con Rocha Cantú recibieron mil 900 millones de pesos por parte de Pemex, durante la administración de Andrés Manuel López Obrador.
La ruta paralela: armas que terminaban en manos del crimen organizado
La misma red utilizaba compañías de seguridad privada para comprar y trasladar armamento. Según la investigación, esas armas se rematriculaban y posteriormente se distribuían a cárteles como el Cártel del Golfo, la Unión Tepito y el CJNG. El uso de estas empresas permitía justificar traslados, facturas y logística sin aparentar ilegalidad.
En cateos vinculados al caso se aseguraron discos duros y documentos que relacionan depósitos y contratos a empresas implicadas en el esquema. Las autoridades documentaron la participación de al menos 13 personas, incluyendo operadores identificados por alias y una exfuncionaria apodada “La Fiscal”.
La acusación ya escaló a la estructura institucional
Con base en la investigación, la FGR solicitó y obtuvo una orden de aprehensión el 15 de noviembre de 2025 contra Rocha por presuntos delitos de delincuencia organizada, huachicol y tráfico de armas. Aunque Rocha solicitó el criterio de oportunidad para declararse testigo cooperante, esto no ha frenado la investigación ni las imputaciones.
Las autoridades también han confirmado que hubo fugas de información desde dentro de instituciones para proteger la operación del tráfico de combustible y armamento.
Una red más grande que Miss Universo
Este nuevo ángulo del caso revela una estructura corporativa compleja que mezclaba estaciones de servicio, empresas de seguridad y almacenamiento industrial para mover combustible y armas.
Los nuevos hallazgos dejan claro que esta investigación dejó de ser una disputa sobre reputación empresarial y pasó a ser una operación criminal transnacional.
La acusación coloca al propietario de uno de los certámenes más vistos del mundo en el centro de una red que combinaba espectáculo, logística empresarial y crimen organizado.
