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MensajearCuautitlán Izcalli, Estado de México, a 11 de mayo de 2026.- El caso contra el presbítero Demetrio “N” avanzó este lunes luego de que un juez de control determinara vincularlo a proceso por su probable responsabilidad en el delito de violación agravada en perjuicio de una misionera, presuntamente ocurrida dentro de una relación de subordinación religiosa.
Durante la audiencia realizada en los Juzgados de Control y Juicios Orales, el juez Ignacio Guzmán consideró que existen elementos suficientes para continuar con la investigación penal en contra del sacerdote, por hechos que habrían ocurrido el 5 de julio de 2013 en la Casa de los y las Misioneras Servidoras de la Palabra, ubicada en la colonia Ejido Axotlán, en Cuautitlán Izcalli, Estado de México.
De acuerdo con la exposición del Ministerio Público, la víctima se desempeñaba entonces como misionera y el imputado habría aprovechado la confianza y la jerarquía religiosa que mantenía con ella para cometer el abuso sexual.
En su resolución, el juzgador señaló que los datos de prueba aportados incluyen peritajes médicos, psicológicos y ginecológicos, además de testimonios y análisis que apuntarían a la existencia de violencia sexual y a un posible acto cometido de manera dolosa y sin consentimiento.
Asimismo, el juez indicó que el proceso será analizado bajo perspectiva de género, con el objetivo de identificar posibles condiciones de desigualdad y abuso de poder entre ambas partes derivadas de la estructura religiosa.
Al concluir la audiencia, la víctima expresó entre lágrimas sentirse vulnerable y pidió que se haga justicia. “Tengo miedo”, alcanzó a decir antes de abandonar la sala acompañada de familiares y abogados.
Además, el sacerdote, quien se presentó visiblemente enfermo y acompañado de su defensa, continuará el proceso en libertad debido a su estado de salud, aunque deberá cumplir medidas cautelares como garantía económica, presentación periódica, restricción para salir de su lugar de residencia y prohibición de acercarse o comunicarse con la denunciante.
El juez fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria y programó la próxima audiencia para el 8 de julio. Además, solicitó al Ministerio Público reforzar las medidas de protección para la víctima.
El abogado de la religiosa, Carlos Pérez Dávila, informó que la mujer fue suspendida de sus funciones dentro de la congregación desde 2023 y desde entonces ha permanecido bajo el respaldo de sus familiares. También señaló que la agrupación religiosa a la que pertenece forma parte de la Arquidiócesis de Cuautitlán Izcalli.
