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MensajearUruapan, Mich., a 11 de agosto de 2026.- La extorsión habría alcanzado hasta la mesa de los habitantes de Uruapan. Productores de aguacate, empacadores, carnicerías, tiendas de abarrotes, tortillerías y bares quedaron bajo el radar de una estructura criminal que, según la investigación federal, cobraba cuotas y obligaba a comerciantes a introducir cigarros pirata. Tras 11 cateos, las autoridades detuvieron a 12 personas y aseguraron armas, miles de cartuchos, celulares, dinero y documentos contables.
La investigación apunta a una operación vinculada con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y con Los Caballeros Templarios/Cárteles Unidos, dos estructuras criminales que habrían mantenido esquemas de operación diferenciados, pero con actividades que convergían en el control económico de distintos sectores productivos y comerciales del municipio.
El caso resulta relevante no solamente por las personas detenidas, sino por la dimensión de la estructura descubierta: la organización habría convertido la extorsión en un mecanismo de control sobre actividades económicas que forman parte de la vida cotidiana de Uruapan, mientras utilizaba negocios y canales de comunicación para recaudar, administrar y mover los recursos obtenidos.
Una red que iba del campo al mostrador
Las investigaciones comenzaron a partir de denuncias anónimas relacionadas con cobros de extorsión. A partir de labores de inteligencia y trabajo de campo, las autoridades lograron reconstruir parte de la estructura y establecer las funciones que presuntamente desempeñaban sus integrantes.
La operación no se habría limitado al cobro de cuotas a productores y empacadores de aguacate. Según la información de la investigación, también alcanzaba al Rastro Municipal, carnicerías, tiendas de abarrotes, tortillerías y bares.
Uno de los mecanismos detectados consistía además en la introducción forzada de cigarros de procedencia ilícita, obligando presuntamente a determinados comerciantes a recibir y comercializar este producto.
De esta manera, el esquema criminal habría penetrado distintos eslabones de la economía local: desde la producción agroindustrial hasta los pequeños comercios donde diariamente compran los habitantes de Uruapan.
“El 14”, señalado como cabeza de la estructura
La investigación identifica como presunto principal responsable a Israel C., alias “El 14”, señalado como quien encabeza la estructura, siendo su principal subalterno Maximiliano P., alias “X1” -quien fue capturado en el operativo y cuya pareja Valeria N. también fue detenida en posesión de un arma larga-.
También fue capturado Javier E., alias "El Javi", presuntamente encargado de transmitir instrucciones a "introductores" de su esquema delictivo mediante grupos y comunicaciones de WhatsApp, un mecanismo que habría permitido mantener comunicación y coordinación entre distintos integrantes de la red.
La estructura incluía además personas encargadas de tareas que resultan fundamentales para cualquier organización criminal: recaudación, administración y bancarización de recursos.
Ese componente financiero representa uno de los puntos centrales del operativo, pues la investigación no se concentró únicamente en quienes presuntamente ejecutaban las amenazas o cobraban las cuotas, sino también en los mecanismos utilizados para administrar y movilizar el dinero generado por las actividades ilícitas.
Once cateos y 12 detenidos
Como resultado de la investigación fueron ejecutadas 11 órdenes de cateo en Uruapan.
El operativo fue encabezado por la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especial en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) y la Agencia de Investigación Criminal (AIC), con participación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Guardia Nacional.
El saldo fue de 12 personas detenidas: ocho hombres y cuatro mujeres.
Pero además de las capturas, los cateos permitieron asegurar una cantidad importante de bienes, armamento, equipo y documentación presuntamente relacionada con las actividades investigadas.
Armas, vehículos y miles de cartuchos
Entre lo asegurado se encuentran siete armas de fuego, de las cuales tres son armas largas y cuatro cortas; 13 cargadores y aproximadamente 3 mil cartuchos.
También fueron asegurados dos vehículos, dos escudos balísticos, cuatro fornituras porta cargadores, un inhibidor y tres portaplacas.
Los agentes localizaron además 45 dispositivos o equipos celulares, dos computadoras portátiles y una memoria USB, elementos que podrían resultar relevantes para establecer comunicaciones, contactos y movimientos dentro de la estructura investigada.
En materia de drogas, fueron aseguradas siete bolsas con sustancia cristalina y 68 dosis de la misma sustancia, además de básculas utilizadas presuntamente para su manejo.
El dinero y los documentos, otra pieza del operativo
La investigación también alcanzó la infraestructura administrativa de la organización.
Durante las diligencias fueron localizadas siete libretas con información contable y telefónica, diversas tarjetas bancarias y documentos, además de numerario en moneda nacional y dólares estadounidenses.
La información asegurada podría ser determinante para reconstruir la ruta del dinero y establecer la relación entre quienes presuntamente cobraban las extorsiones, quienes administraban los recursos y quienes facilitaban su movimiento mediante el sistema financiero.
También fueron aseguradas 38 cabezas de ganado bajo resguardo, lo que amplía el alcance de los bienes intervenidos durante las diligencias.
Más que un golpe armado: el impacto sobre la operación
El resultado de los cateos representa un golpe que va más allá del aseguramiento de armas.
La estructura investigada aparentemente funcionaba como una cadena con diferentes niveles de responsabilidad: una cabeza, coordinación operativa, encargados de transmitir instrucciones, personas dedicadas a la recaudación y administración del dinero y operadores vinculados con actividades comerciales.
El elemento más significativo es que ese entramado habría alcanzado sectores aparentemente desconectados entre sí. El productor de aguacate, el empacador, el comerciante, el carnicero, el dueño de una tortillería o el propietario de un bar podían quedar incorporados al mismo esquema de presión económica.
Así, la extorsión dejaba de ser únicamente un delito contra determinados empresarios o productores para convertirse en una herramienta de control territorial y económico, capaz de trasladar el costo de las actividades criminales hasta los consumidores.
Los 11 cateos y las 12 detenciones interrumpen una parte de esa operación, mientras los aseguramientos de armas, vehículos, teléfonos, documentos y recursos financieros abren nuevas líneas para determinar hasta dónde llegaba la red, quiénes recibían las ganancias y qué otros negocios o personas estaban sometidos a sus mecanismos de control.
La investigación permanece en manos de las autoridades federales, que deberán determinar la responsabilidad individual de los detenidos y la dimensión completa de la estructura criminal identificada en Uruapan.
