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MensajearTexas, EE.UU., a 16 de mayo de 2025.- El Departamento de Justicia de los Estados Unidos anunció este jueves la imputación formal de María del Rosario Navarro - Sánchez, ciudadana mexicana de 39 años, por proporcionar apoyo material al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), organización recientemente designada como organización terrorista extranjera (Foreign Terrorist Organization, FTO). Se trata de la primera vez en la historia del país que se acusa a una persona mexicana de este delito bajo leyes antiterroristas, lo que representa un cambio significativo en la estrategia legal contra los cárteles.
Navarro-Sánchez habría conspirado para entregar granadas al CJNG y también estaría implicada en el tráfico de armas, drogas, personas y dinero en efectivo hacia Estados Unidos. Dos coacusados mexicanos, Luis Carlos Dávalos-López y Gustavo Castro-Medina, también enfrentan cargos por actividades similares. Fue detenida en México a inicios de mayo, llamando la atención nacional por el rifle bañado en oro que se le aseguró.
Aunque muchas personas han sido procesadas por colaborar con cárteles en Estados Unidos, esta es la primera ocasión en que el gobierno presenta cargos de "proveer apoyo material a una organización terrorista extranjera" contra alguien vinculado a un cártel mexicano. Hasta ahora, ese tipo de acusaciones se reservaban para miembros o colaboradores de grupos como Al-Qaeda, ISIS o Hezbollah, organizaciones ampliamente conocidas por sus actividades terroristas a nivel global.
Con esta acción, el gobierno estadounidense eleva el nivel legal y político con el que trata al CJNG, equiparándolo en términos judiciales a organizaciones terroristas internacionales. Esta designación permite aplicar penas más severas, herramientas legales más potentes y una mayor cooperación internacional para desmantelar sus redes.
“Suministrar granadas a una organización terrorista designada, mientras se trafican armas, narcóticos y personas, no solo es un crimen: es un ataque directo a la seguridad de los Estados Unidos”, afirmó Todd M. Lyons, director interino de ICE.
La Fiscalía también explicó que este tipo de cargos buscan enviar un mensaje claro a los cárteles y a sus cómplices: colaborar con estas organizaciones puede tener consecuencias similares a colaborar con grupos extremistas como ISIS o Al-Qaeda.
Autoridades del FBI, la DEA, ICE y la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) coincidieron en que esta acusación busca intensificar la presión contra los cárteles, y demostrar que cualquier persona que brinde apoyo logístico, financiero o armado a estas redes violentas, enfrentará cargos tan graves como los reservados para el terrorismo global.
