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MensajearPeribán, Mich., a 25 de agosto de 2026.— Ni los operativos, ni las bases militares, ni la Guardia Nacional parecen haber conseguido apagar el miedo en la zona aguacatera de Peribán.
Mientras las autoridades presumen un despliegue extraordinario para blindar productores, empacadoras y caminos, una denuncia ciudadana recibida este martes acusa que presuntos integrantes de la delincuencia organizada volvieron a cobrar cuotas en Peribán, incluso bajo supuestas amenazas de muerte contra propietarios de empacadoras, guacamoleras y compradores de aguacate.
De acuerdo con el testimonio, los cobros habrían regresado “con intereses”, mientras las víctimas presuntamente reciben llamadas, son vigiladas y serían seguidas cuando se desplazan por distintos puntos del municipio.
“La maña volvió a cobrar la cuota… y con intereses”, señala la denuncia.
El ciudadano afirma además que las amenazas no serían únicamente económicas. Según su relato, los responsables estarían amenazando con matar a quienes se nieguen a pagar.
¿De qué sirve tanto gobierno?, cuestionan
La denuncia lanza una pregunta que resulta especialmente incómoda frente al enorme operativo de seguridad anunciado durante agosto: “¿De qué sirve tener tanto gobierno aquí en Peribán?”
El señalamiento ocurre apenas días después de que los gobiernos federal y estatal anunciaran un reforzamiento extraordinario de la seguridad en la región aguacatera.
El 11 de agosto, el Gobierno federal informó que se establecerían 17 bases de operaciones para brindar seguridad a igual número de empacadoras ubicadas en Peribán, Tingüindín y Tocumbo, además de 29 bases destinadas a proteger poblaciones productoras de aguacate en la región. En total, se contemplaron 870 efectivos para esos puntos.
También se anunciaron patrullajes y vigilancia en rutas estratégicas como Peribán-Tancítaro y Peribán-Uruapan, además de otros corredores utilizados por productores, trabajadores y transportistas.
Pero el testimonio ciudadano recibido este martes sostiene que, pese a esa presencia institucional, los presuntos extorsionadores seguirían operando.
“El Tatuado”, señalado como líder cobrador
En su denuncia, el ciudadano identifica al supuesto encargado de realizar los cobros únicamente por el alias de “El Tatuado”.
Hasta el momento, no existe confirmación pública de una autoridad que identifique oficialmente a una persona con ese alias como responsable de las extorsiones denunciadas este 25 de agosto en Peribán, por lo que su identidad y participación deben considerarse una acusación no corroborada.
El dato, sin embargo, aparece en un contexto particularmente delicado.
En agosto, autoridades estatales y federales han reconocido públicamente que la extorsión contra la cadena productiva del aguacate constituye uno de los principales problemas de seguridad en Michoacán.
La Fiscalía estatal reportó que, de las 219 carpetas de investigación por extorsión registradas en el estado durante 2026, 166 correspondían a los 31 municipios productores de aguacate, es decir, alrededor del 75.8 por ciento.
Peribán ya tiene antecedentes recientes de extorsión
La denuncia ciudadana tampoco surge en un vacío.
El pasado 10 de agosto, autoridades de Michoacán informaron sobre la detención en Peribán de un hombre identificado como Dionicio “N”, acusado de presuntamente exigir dinero a un productor para permitirle continuar con la recolección de aguacate.
Según la Secretaría de Seguridad Pública estatal, se realizó un pago controlado con acompañamiento y protección a la víctima, lo que permitió detener al sospechoso durante el supuesto cobro.
Medios de comunicación identificaron posteriormente al detenido como Dionicio M. E., alias “La Mincha”, y señalaron que las investigaciones derivadas de su captura llevaron hacia estructuras criminales con presencia en la región.
Es decir, la existencia de extorsiones en Peribán no es solamente una acusación anónima: ya existen acciones oficiales y detenciones relacionadas con este delito.
Lo que ahora deberá determinarse es si la denuncia recibida este martes representa un nuevo episodio aislado, una reactivación de los cobros o la evidencia de que las estructuras criminales continúan operando pese al despliegue de seguridad.
Un municipio prácticamente sitiado por la estrategia de seguridad
La contradicción resulta difícil de ignorar.
El pasado 13 de agosto, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla anunció una nueva ruta de seguridad de Peribán a Jacona, con participación de Guardia Civil, Guardia Nacional, Defensa, policías municipales y policías comunales.
El propio Gobierno de Michoacán señaló que el corredor Uruapan-Peribán había generado resultados en el combate a la delincuencia y que se buscaría extender el esquema para frenar actividades ilícitas.
Además, el despliegue de seguridad sobre la franja aguacatera se intensificó después de que Estados Unidos suspendiera temporalmente las actividades de sus inspectores en Michoacán por motivos de seguridad, afectando las exportaciones de aguacate.
El Gobierno federal llegó a desplegar miles de elementos para proteger zonas productoras, empacadoras y rutas de transporte del llamado “oro verde”.
Y aun así, el miedo permanece
El mensaje ciudadano es contundente: “Hay gobierno en todos lados y afuera de los empaques, pero ¿de qué sirve? Si no hacen nada, ni buscan ni agarran a nadie”.
Más allá de la veracidad individual de cada acusación —que deberá ser investigada por las autoridades— el testimonio refleja una percepción de vulnerabilidad entre integrantes de la cadena aguacatera, precisamente en una región donde la extorsión ya ha provocado detenciones y donde el Gobierno federal ha desplegado un dispositivo de seguridad extraordinario.
La situación es todavía más delicada porque el problema no se limita a Peribán.
La propia Secretaría de Seguridad estatal ha señalado que la estrategia contra la extorsión se concentra prioritariamente en regiones como Uruapan, mientras que el Gobierno federal ha identificado municipios de la franja aguacatera —incluido Peribán— como zonas donde grupos delictivos realizan extorsiones y otros delitos contra productores, empresarios y comerciantes.
La pregunta que queda en el aire
Si la denuncia es confirmada, el caso abriría una pregunta incómoda para las autoridades: ¿Cómo pueden regresar los cobros de piso a los empaques y productores de Peribán mientras el municipio forma parte precisamente de la zona que el Gobierno asegura haber blindado?
Porque el verdadero desafío es conseguir que los productores puedan trabajar sin pagarle una cuota a nadie, que los compradores puedan movilizarse sin ser vigilados y que una negativa a pagar no se convierta en una sentencia de muerte.
Por ahora, el relato de este martes queda como una denuncia ciudadana que requiere investigación y corroboración oficial.
Pero llega en el peor momento posible: justo cuando Peribán se encuentra bajo uno de los mayores operativos de seguridad desplegados en la historia reciente de la región aguacatera.
