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MensajearAlmoloya de Juárez, Estado de México, a 11 de agosto de 2026.- La situación jurídica del ex gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, será definida por un juez federal, quien deberá determinar si existen elementos suficientes para vincularlo a proceso por su presunta responsabilidad en el delito de desaparición forzada de personas relacionado con el caso Ayotzinapa.
A cinco días de su ingreso al penal de máxima seguridad del Altiplano, el ex mandatario compareció nuevamente ante el juez de control Mario Elizondo Martínez, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, donde se reanudó la audiencia en la que la Fiscalía General de la República (FGR) expone las acusaciones en su contra.
Durante la primera audiencia, celebrada el viernes pasado, Aguirre Rivero y su equipo legal solicitaron la ampliación del plazo constitucional para reunir pruebas y preparar su defensa frente a los señalamientos de la Fiscalía.
Por instrucción judicial, el ex gobernador fue trasladado desde el Centro Federal de Readaptación Social del Altiplano hasta el Centro de Justicia Penal Federal, donde ya lo esperaban sus abogados y su esposa.
En su primera comparecencia, Aguirre Rivero aseguró que pretende aclarar las imputaciones formuladas por la FGR y sostuvo que tiene la conciencia tranquila respecto a los hechos relacionados con la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa.
El ex mandatario acudió en silla de ruedas y manifestó tener diversos problemas de salud. No obstante, el juez rechazó concederle la prisión domiciliaria. “Tengo mi conciencia tranquila y muy en paz”, expresó ante el juzgador.
La acusación de la Fiscalía se centra en la presunta destrucción de un disco DVD que contenía imágenes captadas por cámaras de seguridad del Palacio de Justicia de Iguala durante la noche del 26 de septiembre de 2014.
Según la FGR, las grabaciones mostrarían a un grupo de estudiantes siendo trasladado de un autobús a otro por policías municipales y estatales. Los jóvenes aparecerían con las manos en la cabeza, mientras eran vigilados por agentes y hombres armados.
Las autoridades también sostienen que las imágenes registraron el momento en que varias patrullas escoltaron el autobús en el que se encontraban los estudiantes, seguido por camionetas en las que viajaban hombres armados.
De acuerdo con la acusación presentada ante el juez, una integrante del Consejo de la Judicatura habría entregado personalmente el material a Aguirre Rivero, luego de recuperarlo de la oficina de la entonces presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero, Lambertina Galeana, quien recientemente obtuvo el beneficio de continuar su proceso bajo prisión domiciliaria.
La Fiscalía también señaló que el ex gobernador presuntamente instruyó al entonces procurador de Justicia estatal, Iñaki Blanco, para hacerse cargo del video, además de que habría ordenado a su sobrino, Eduardo Aguirre, eliminar evidencias relacionadas con los estudiantes normalistas.
Aguirre Rivero permaneció durante la diligencia en silla de ruedas y, hasta ese momento, no portaba el uniforme penitenciario.
Con la continuación de la audiencia, el juez deberá valorar los argumentos de la Fiscalía y de la defensa antes de determinar si el ex gobernador será vinculado a proceso por los delitos que se le imputan.
