Compartir
Twittear
MensajearCiudad de México, 10 de mayo de 2023.- La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX) informó que hasta el momento suman 60 inmuebles asegurados relacionados con la presunta red de corrupción en el sector bienes raíces en la alcaldía Benito Juárez, conocida como “Cártel Inmobiliario”, en las que posiblemente incurrieron servidores públicos de esa demarcación.
El Coordinador General de Asesores y Vocero de la FGJ CDMX, Ulises Lara López, informó frente a medios de comunicación que como resultado de las indagatorias llevadas a cabo por personal de esta Fiscalía, el día de hoy suman 60 inmuebles asegurados, entre esos predios, casas y departamentos, han sido nueve los directamente relacionados a la información proporcionada por un empresario de la industria de la construcción, quien se sujetó al mecanismo del criterio de oportunidad.
“Estos nueve inmuebles a los que hacemos referencia están ubicados en la calle Riff, en la colonia Santa Cruz Atoyac; en la calle José María Rico, y en los complejos City Towers, y de los cuales se advierte que fueron adquiridos por personas físicas y morales, de quienes el incremento de su patrimonio se encuentra posiblemente injustificado”, informó el Coordinador General.
Algunos de estos 60 inmuebles se encontraban en arrendamiento o comodato y eran ocupados por terceras personas, mismas a las que se les han respetado sus derechos.
La gran mayoría de los inmuebles estaban sujetos a la propiedad de quienes se desempeñaban como directores generales en la alcaldía Benito Juárez (Obras y Desarrollo Urbano y Jurídico y de Gobierno); sus familiares y empresas relacionadas a dichas personas, incluyendo servidores públicos.
De esta forma, señala que a partir de estudios periciales de contabilidad, se detectó la posible comisión de diversos delitos financieros debido a que a una persona se le descubrió un incremento en su patrimonio hasta por 300 millones de pesos. Estos recursos pueden ser considerados de procedencia ilícita.
Como parte de esta serie de hallazgos se ha dado vista a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a la Unidad de Inteligencia Financiera, a la Procuraduría Fiscal de la Federación y, en su debido tiempo, a la Fiscalía General de la República al tratarse de posibles delitos del orden federal.
Además, enfatizó en que es importante mencionar que las técnicas de investigación, diligencias de cateo, han sido realizadas conforme a derecho y debidamente autorizadas por el órgano jurisdiccional.
