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MensajearApatzingán, Mich., a 26 de agosto de 2026.— Las cámaras aparecen una y otra vez. En postes de luz, árboles, estructuras telefónicas, carreteras y puntos estratégicos. Las fuerzas de seguridad las localizan, las desinstalan y anuncian nuevos operativos, pero el fenómeno persiste.
Lo que inicialmente pudo parecer una serie de incidentes aislados comienza a dibujar un patrón inquietante en uno de los municipios más golpeados por la violencia en Tierra Caliente: una infraestructura clandestina de videovigilancia que las autoridades relacionan con labores de “halconeo” y que, de acuerdo con sus investigaciones, habría permitido a grupos delictivos conocer los movimientos de las corporaciones de seguridad.
El episodio más reciente ocurrió este 26 de agosto, cuando elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, Defensa, Guardia Nacional y Fiscalía General del Estado aseguraron 12 cámaras “parásitas” en distintos puntos de Apatzingán y la región. Los dispositivos fueron localizados en colonias como Buenos Aires, Josefa Ortiz de Domínguez, Aviación, Babilonia y José María Morelos, instalados principalmente en postes de luz y árboles. El Gobierno de Michoacán sostuvo que presuntamente eran utilizados por integrantes de la delincuencia organizada para realizar labores de vigilancia y alertar sobre los desplazamientos de las fuerzas de seguridad.
Pero la noticia de hoy tiene un problema: no es nueva. Es el capítulo más reciente de una historia que comenzó a acumular episodios desde 2025 y que, lejos de desaparecer con cada operativo, vuelve a aparecer en diferentes puntos del municipio.
Un año de cámaras clandestinas
El antecedente documentado se remonta al 28 de marzo de 2025, cuando autoridades retiraron 17 cámaras instaladas ilegalmente en la tenencia de Santiago Acahuato. Desde entonces, los aseguramientos se han repetido. Durante 2026 se han reportado nuevos dispositivos en febrero, marzo, abril, mayo, julio y agosto, con cámaras localizadas tanto en zonas urbanas como en comunidades rurales y carreteras.
Los dispositivos no han seguido un patrón único de instalación. Algunos fueron colocados sobre postes de energía eléctrica o infraestructura telefónica; otros aparecieron en árboles y puntos desde los cuales podían obtener una amplia visibilidad. En algunos casos, las autoridades han señalado que se encontraban en lugares estratégicos para observar los desplazamientos de las corporaciones. En julio, por ejemplo, fueron localizadas cámaras en comunidades como Chandio, Cenobio Moreno, Los Hornos y La Huina, lo que muestra que el fenómeno no se limitaba al centro de la ciudad.
El dato más inquietante no es únicamente la cantidad de equipos retirados, sino la persistencia del fenómeno. Cada operativo representa el desmantelamiento de una parte de esa infraestructura, pero la aparición de nuevos dispositivos demuestra que retirar las cámaras no necesariamente significa acabar con la red que las instala, opera o reemplaza.
El fantasma de “El Camaritas”
En esta historia existe además un episodio que convirtió el problema de las cámaras en un asunto todavía más delicado. En 2025, Fabián Figueroa Andrade, conocido como “El Camaritas”, apareció en una grabación difundida públicamente en la que aseguró haber instalado 57 cámaras para estructuras criminales en Apatzingán y realizó diversos señalamientos sobre personas que, según su propio relato, conocían o estaban relacionadas con esa infraestructura.
Con el paso del tiempo, las autoridades efectivamente continuaron encontrando cámaras clandestinas en Apatzingán. Figueroa posteriormente fue localizado muerto, pero la infraestructura descrita en aquella grabación no desapareció de la conversación pública; por el contrario, los aseguramientos oficiales posteriores volvieron a colocarla en el centro de la atención.
Gobierno de fanny Arreola, omiso
Una administración municipal tiene entre sus responsabilidades conocer las condiciones de seguridad de su territorio, coordinarse con las instituciones estatales y federales y contribuir a impedir que espacios públicos sean utilizados para actividades que comprometan la seguridad de la población.
Sin embargo, durante más de un año han aparecido cámaras clandestinas en colonias, comunidades, carreteras, árboles y postes de infraestructura pública. El gobierno local debe una explicación sobre por qué estos dispositivos consiguieron instalarse, cuánto tiempo permanecieron operativos y qué mecanismos existen para impedir que sean sustituidos por otros.
La dimensión del problema también pone a prueba el discurso de control territorial. Porque una cosa es retirar una cámara después de localizarla y otra muy distinta es evitar que una estructura capaz de instalar y reemplazar dispositivos clandestinos pueda operar de manera reiterada.
Una guerra silenciosa por la información
Las cámaras representan mucho más que simples aparatos colocados ilegalmente. Si la hipótesis de las autoridades es correcta, forman parte de una estrategia para obtener información sobre el territorio y anticipar los movimientos de las instituciones de seguridad. En una región donde los operativos pueden significar detenciones, aseguramientos y enfrentamientos, saber con anticipación que una patrulla o un convoy se aproxima puede convertirse en una ventaja considerable.
Por eso el llamado “halconeo” tiene una dimensión que trasciende la vigilancia común. Quien observa puede advertir; quien advierte puede permitir que otros se oculten, huyan o ataquen. La cámara, en ese contexto, se convierte en una herramienta dentro de una disputa mucho más amplia por el control de la población.
Y el hecho de que algunas hayan sido localizadas en puntos estratégicos vuelve todavía más delicado el fenómeno. Las autoridades no están retirando solamente equipos abandonados: están desmantelando mecanismos que, según sus propias investigaciones, podrían haber servido para vigilar precisamente a quienes tienen la responsabilidad de combatir a las organizaciones criminales.
Entre la espada y la pared
Fanny Arreola enfrenta el costo político de gobernar un municipio donde el problema lleva meses reproduciéndose y cuyos representantes no pueden conseguir que dejen de aparecer.
La población de Apatzingán se halla así entre la espada y la pared, entre autoridades municipales incapaces y presuntamente coludidas, y el sangriento puño del crimen organizado que vigila a autoridades, a cada paso y en cada instante.
