Compartir
Twittear
MensajearMorelia, Mich., a 13 de mayo de 2025.- La tensión política a nivel estatal escaló este lunes, luego de que el juez federal Sergio Santamaría Chamu anunciara que evalúa emprender acciones legales contra el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, por presunta difamación, daño moral e intromisión indebida en el proceso electoral relacionado con la elección judicial.
El conflicto se originó tras la resolución del juez que otorgó una suspensión provisional al grupo musical Los Alegres del Barranco, en relación con el decreto estatal que prohíbe espectáculos públicos que hagan apología del delito. Ante ello, el mandatario michoacano sugirió públicamente que la decisión judicial pudo haber estado motivada por intereses económicos, insinuando incluso un posible soborno.
“Este tipo de afirmaciones no pueden quedar impunes. Reflejan un desprecio por la legalidad y afectan gravemente mi honor y el proceso democrático en curso”, expresó el juez Santamaría en entrevista con la periodista Azucena Uresti.
La frase que detonó la controversia fue pronunciada por el Gobernador durante un acto público, donde cuestionó con ironía: “Alegre juez, ¿verdad? Así le debe haber caído en su cuenta bancaria”, en aparente referencia a un soborno por el fallo emitido por el juzgador. Santamaría advirtió que sus repercusiones podrían extenderse al terreno penal y electoral.
El juez, quien actualmente participa como candidato en el proceso de elección judicial contemplado en la reciente reforma al Poder Judicial Federal, subrayó que las declaraciones del gobernador vulneran la equidad de la contienda.
“Este tipo de declaraciones interfiere negativamente en la contienda electoral en perjuicio de quien se hace esta declaración […] mostrando como una persona corrupta, lo que no es de ninguna manera admisible en un Estado de derecho”, señaló.
Santamaría no descartó recurrir al Instituto Nacional Electoral (INE) para solicitar medidas cautelares que limiten manifestaciones similares de actores políticos durante el proceso judicial electoral. “En el Código Penal Federal existen disposiciones que regulan la difamación, y además en materia electoral, también existe la posibilidad de pedirle al Instituto Nacional Electoral que le impida, que le restrinja este tipo de manifestaciones a cualquier actor político”, explicó.
Finalmente, el juzgador destacó que “Nadie puede de la política meter las manos en el proceso, como también sin duda ya se está viendo, no solamente en Michoacán, sino en todo el país entero”.
