Carácuaro, Mich., a 8 de septiembre de 2026.— Lo que Celeste Ascencio quiso presentar como una postal de tradición, nostalgia y cercanía con los pueblos de Michoacán terminó abriendo una pregunta mucho más incómoda: ¿de dónde salió la iguana que acabó servida en su plato?
La política publicó en redes sociales una fotografía en la que aparece comiendo caldo de iguana en Carácuaro. En el mensaje aseguró que tenía años sin probarlo y vinculó el platillo con sus recuerdos de infancia, las tradiciones familiares y la identidad michoacana. El tono fue sentimental; el problema es que la iguana no es cualquier ingrediente.
En México, especies como la iguana negra mexicana (Ctenosaura pectinata) se encuentran bajo protección ambiental y su aprovechamiento está sujeto a regulación. La NOM-059 la clasifica como especie amenazada, mientras que la iguana verde también se encuentra bajo un régimen de protección. Eso significa que su captura, traslado, posesión y comercialización no pueden tratarse como si se tratara de cualquier producto de mercado.
El consumo de iguana no es necesariamente ilegal cuando el ejemplar proviene de un aprovechamiento autorizado y su procedencia puede acreditarse. Pero precisamente ahí está el punto que la publicación de Ascencio omite por completo: no hay una sola explicación sobre el origen de la carne servida, ni sobre si el establecimiento cuenta con documentación que ampare su legal procedencia.
La omisión no es menor. PROFEPA ha asegurado en el pasado alimentos preparados con carne de iguana precisamente porque los establecimientos no pudieron demostrar el origen legal del producto. Es decir, el hecho de que el caldo sea una tradición regional no lo coloca por encima de las normas ambientales.
La polémica se vuelve todavía más fuerte porque Ascencio no presentó el platillo simplemente como una experiencia privada. Lo convirtió en parte de su narrativa política, acompañándolo con mensajes sobre “nuestro estado”, “nuestras tradiciones” y etiquetas de promoción personal. Así, una fotografía destinada a proyectar identidad y arraigo también terminó normalizando públicamente el consumo de una especie protegida sin ofrecer una sola certeza sobre su procedencia.
El episodio expone además una contradicción incómoda: mientras las autoridades ambientales combaten el tráfico y aprovechamiento ilegal de fauna silvestre, una figura política puede aparecer celebrando públicamente un platillo elaborado con una especie regulada sin que parezca existir preocupación alguna por explicar cómo llegó ese animal a la cocina.
Por ahora, no existen elementos públicos suficientes para afirmar que Ascencio haya cometido un delito o que el restaurante haya utilizado fauna obtenida ilegalmente. Pero tampoco existen elementos visibles en su publicación que permitan descartar esa posibilidad. Y tratándose de una especie protegida, la pregunta sobre su origen sustentable resulta obligada.
Mientras esa pregunta siga sin respuesta, la publicación quedará como algo más que una anécdota gastronómica: una promoción política de un platillo elaborado con fauna protegida cuya procedencia nadie se ha molestado en explicar.
Y en materia ambiental, la tradición no sustituye a la ley.









