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MensajearApatzingán, Mich., a 8 de septiembre de 2026.— En Apatzingán las acusaciones contra integrantes de las corporaciones de seguridad dejaron hace tiempo de ser episodios aislados. Nombres de mandos policiales aparecen una y otra vez entre denuncias de desapariciones, videos obtenidos bajo coerción, acusaciones de protección al crimen organizado, cámaras clandestinas y hasta señalamientos sobre el posible uso de patrullas oficiales para favorecer a estructuras criminales. En medio de todo ello sobresalen dos nombres: Juan Manuel Montero Nambo, “El Seco”, un viejo operador delictivo perseguido desde hace más de una década, y Jesús Rangel Barajas, mando de la Policía Municipal cuyo nombre ha sobrevivido a gobiernos, atentados, denuncias y señalamientos sin que hasta ahora exista una explicación pública suficiente sobre las investigaciones realizadas en su contra.
La historia resulta especialmente incómoda porque “El Seco” no es un personaje recién inventado por las guerras de propaganda entre cárteles. En junio de 2014, la entonces Procuraduría General de Justicia de Michoacán ejerció acción penal contra Juan Manuel Montero Nambo, también identificado como Alejandro Ramírez Magaña, al atribuirle probable responsabilidad en hechos relacionados con seis homicidios y por lo menos tres secuestros.
La propia investigación señaló además que Montero Nambo y otras personas habían privado de la libertad a cuatro agricultores en Apatzingán en noviembre de 2013, quienes en ese momento continuaban desaparecidos. Años después, informes de inteligencia de la PGJE difundidos públicamente volvieron a ubicarlo como representante de la estructura encabezada por Homero González, “El Gallito”, dentro de las organizaciones que disputaban Tierra Caliente.
Por eso resulta imposible reducir a simple rumor todo lo que posteriormente comenzó a rodear su nombre. El 24 de enero de 2024 circuló públicamente un video cuyo encabezado acusaba directamente a patrullas de la Policía Municipal de Apatzingán de actuar en beneficio de “El Seco”. La publicación fue difundida en redes sociales bajo un señalamiento explícito contra la corporación municipal y llamó incluso a intervenir a autoridades estatales y federales.
Ante una acusación de semejante gravedad —vehículos pagados con dinero público presuntamente utilizados para favorecer a un delincuente conocido por las autoridades— tampoco existe un esclarecimiento público que diga qué patrullas aparecían, quién las conducía, qué mandos estaban de turno, si fueron revisados los GPS, las bitácoras, las cámaras o las órdenes de servicio y cuál fue el resultado de una eventual investigación interna.
Aunque ese episodio ocurrió antes de que Fanny Arreola Pichardo asumiera la Presidencia Municipal el 1 de septiembre de 2024, el señalamiento contra su gobierno es otro: recibió una corporación de seguridad con una pesada carga de sospechas y, en lugar de transparentar una depuración o investigación profunda que permitiera cerrar esa etapa, durante su administración han aparecido nuevas denuncias alrededor de algunos de los mismos personajes. La alcaldesa presume actualmente fortalecimiento policial, nuevas unidades y equipamiento; en marzo de 2026 su gobierno entregó nueve camionetas pickup y tres grúas, además de material táctico a la Policía Municipal.
La pregunta de rendición de cuentas es inevitable: una corporación no se limpia solamente comprándole más patrullas; primero debe explicar quién las conduce, bajo qué mandos operan y qué ocurrió con los señalamientos anteriores sobre el eventual uso irregular de vehículos oficiales.
En ese historial aparece insistentemente Jesús Rangel Barajas. Ya en diciembre de 2022 era identificado como subdirector de la Policía Municipal de Apatzingán, cargo desde el que sufrió un ataque armado afuera de su domicilio. En julio de 2023 ocurrió un episodio todavía más perturbador: un policía municipal identificado como Noé Ávalos apareció sometido por hombres armados en una grabación donde afirmó haber ingresado a la Policía Municipal para trabajar bajo las órdenes de Rangel y participar en “levantones”. Después de esa declaración fue asesinado.
El señalamiento quedó públicamente registrado y merecía, cuando menos, una investigación institucional transparente.
El mismo 2023, el activista Julio César Acosta había responsabilizado públicamente tanto al entonces alcalde José Luis Cruz Lucatero como a Jesús Rangel Barajas después de denunciar un intento de secuestro y posteriormente sufrir un ataque armado. Aquella acusación se sumó a la larga lista de advertencias que rodeaban a la Policía Municipal.
El problema de Apatzingán es que, con el paso de los años, las administraciones cambian pero la ciudadanía sigue sin conocer auditorías, expedientes administrativos, conclusiones de Asuntos Internos o resoluciones públicas capaces de disipar esas sospechas.
La situación escaló durante el gobierno de Fanny Arreola. De acuerdo con una denuncia formal difundida en abril de 2026, Víctor Daniel Lomelí Dávalos, de 22 años, habría sido detenido violentamente frente a su domicilio en diciembre de 2024 por elementos policiales y subido a una patrulla.
Sus familiares señalaron específicamente a Jesús Rangel Barajas y Marco Tulio Vértiz Rodríguez. El padre del joven presentó denuncia ante la autoridad ministerial por desaparición forzada y la familia exigió su presentación con vida.
La tragedia se agravó después. Familiares relataron que Jaime Lomelí Torres, padre de Víctor Daniel, se trasladó desde Jalisco a Michoacán para buscarlo y posteriormente también desapareció.
Según las publicaciones que dieron seguimiento al expediente, no existía información pública que acreditara que los policías señalados hubieran sido sancionados o separados por estos hechos. Para un gobierno municipal que habla constantemente de proximidad, seguridad y atención a las familias, cuesta encontrar un caso que exija mayor claridad que éste: un joven que presuntamente habría sido visto por última vez bajo custodia policial y un padre que desaparece tratando de encontrarlo.
La respuesta institucional contrasta con la gravedad de las acusaciones. Marco Tulio Vértiz terminó fuera de la Comisaría Regional de la Guardia Civil en abril de 2026. Medios locales reportaron primero un operativo de Asuntos Internos y una investigación sobre supuestos vínculos con integrantes de Los Caballeros Templarios; días después, la versión oficial de la SSP se limitó a anunciar un “relevo de mando”, sustituyéndolo por Sandra Cazares González, sin relacionar públicamente el cambio con las denuncias que pesaban sobre él. En cambio, respecto a Rangel, publicaciones de mayo señalaban que no se había informado públicamente de una acción administrativa o penal derivada del caso Lomelí.
Y Rangel volvió a aparecer.
Durante abril de 2026 surgieron además acusaciones públicas que lo relacionaban con retenes y presuntas desapariciones en Tierra Caliente. Las publicaciones recogieron testimonios que hablaban incluso de múltiples denuncias contra el mando. De nuevo, no existe una resolución judicial que permita convertir esas acusaciones en culpabilidad; pero tampoco existe una explicación pública equivalente a la dimensión de los señalamientos.
En julio, otra manta colocada en Apatzingán acusó a Marco Tulio Vértiz Rodríguez y a Romualdo Albíter Rebollar de presuntos vínculos con Caballeros Templarios y afirmó que ambos apoyarían a Rangel para recuperar territorios para esa organización. El propio reporte reconoce que el mensaje no aportó pruebas que permitieran corroborar esas afirmaciones, pero documenta que el nombre del mando municipal siguió apareciendo dentro de una guerra de acusaciones que las autoridades no han logrado despejar.
A esa lista se suma otra historia siniestra. Un hombre identificado como Fabián Figueroa Andrade, “El Camaritas”, apareció sometido en un video antes de ser asesinado. En la grabación afirmó haber instalado decenas de cámaras clandestinas para una estructura criminal y señaló a Jesús Rangel, además de un personaje conocido como “El Yupo”.
En este caso, existe un hecho independiente y comprobable detrás de esa narrativa: durante 2026 autoridades estatales y federales efectivamente han retirado decenas de cámaras clandestinas o “parásitas” en calles de Apatzingán, dispositivos que las autoridades atribuyen al monitoreo criminal de movimientos policiales y ciudadanos. Para mayo ya se reportaban por lo menos 38 aparatos desmontados en cuatro operativos.
Es decir, no todo lo denunciado está probado, pero tampoco todo es ficción. Las cámaras clandestinas existen. “El Seco” existe y fue procesado desde 2014 por investigaciones relacionadas con homicidios, secuestros y desapariciones.
Las acusaciones sobre patrullas municipales existen. El video de Noé Ávalos existe. La denuncia de la familia Lomelí existe. Víctor Daniel continúa sin una explicación pública sobre su destino. Su padre también desapareció según el testimonio familiar. Marco Tulio Vértiz fue señalado y posteriormente relevado. Jesús Rangel ha sido mencionado en distintas denuncias durante años.
Lo que sigue faltando es justamente aquello que debería producir el Estado: respuestas.
La administración de Fanny Arreola no puede argumentar que todo pertenece al pasado. Víctor Daniel desapareció en diciembre de 2024, ya bajo su gobierno. Las denuncias contra integrantes de la corporación municipal se hicieron públicas durante su mandato. Las cámaras clandestinas fueron desmontadas durante su administración. Los nuevos señalamientos contra Rangel continuaron en 2026.
Y, pese a ello, no existe información pública suficiente sobre una auditoría integral a la Policía Municipal, una investigación transparente sobre el supuesto uso de patrullas en beneficio de grupos criminales, la revisión completa de las bitácoras de las unidades involucradas en desapariciones o el resultado de procedimientos internos contra los mandos señalados.
Mientras tanto, el discurso oficial habla de inversión, coordinación y fortalecimiento. En agosto de 2026, durante su Segundo Informe, Fanny Arreola aseguró que Apatzingán vive una etapa de resultados y destacó la coordinación con los gobiernos estatal y federal.
Pero el verdadero examen de un gobierno en Tierra Caliente no está en cuántas patrullas compra ni en cuántas veces utiliza la palabra “coordinación”. Está en su disposición para investigar a su propia policía cuando una familia la señala, para transparentar quién conduce sus vehículos, para apartar preventivamente a elementos frente a denuncias graves y para mirar a los familiares de los desaparecidos y decirles qué hizo el Estado para encontrarlos.
Apatzingán lleva años viendo cómo las acusaciones se acumulan más rápido que las explicaciones. El caso de “El Seco” y las patrullas pudo haber sido la oportunidad para revisar de raíz una corporación cuestionada. El video de Noé Ávalos pudo haber provocado una investigación extraordinaria. Las denuncias contra Rangel pudieron haber obligado a transparentar expedientes. La desaparición de Víctor Daniel Lomelí debió encender todas las alarmas institucionales. La desaparición de su padre debió multiplicarlas.
Sin embargo, los nombres regresan, las denuncias regresan y las familias siguen esperando.
La responsabilidad penal corresponde determinarla a las fiscalías y a los jueces, no a los periódicos. La responsabilidad política, en cambio, ya existe: cuando un gobierno conoce acusaciones graves contra quienes portan uniforme, armas y patrullas públicas, su obligación no consiste en proteger reputaciones ni esperar a que el escándalo desaparezca. Consiste en investigar, transparentar y rendir cuentas.
Después de tantos años de señalamientos, Apatzingán no necesita otra fotografía de entrega de patrullas.
Necesita saber para quién han estado trabajando realmente sus patrullas, qué ocurrió con quienes fueron vistos por última vez en manos de policías y por qué tantos nombres señalados han atravesado gobiernos enteros sin que la ciudadanía conozca una sola explicación definitiva.
