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MensajearUruapan, Mich., a 7 de septiembre de 2026.- A nueve meses del asesinato de Carlos Manzo Rodríguez, las preguntas alrededor del crimen están lejos de quedar cerradas. Aunque las autoridades han reportado decenas de detenidos y señalado a una estructura criminal como responsable de planear y ejecutar el ataque, nuevas diligencias han vuelto a colocar bajo escrutinio al círculo cercano del exalcalde.
En este escenario, Juan Daniel Manzo Rodríguez, hermano del político asesinado, formalizó ante la Fiscalía General de la República (FGR) una petición para que el caso sea atraído por la autoridad federal y se amplíen las líneas de investigación.
La solicitud busca que las pesquisas no se concentren exclusivamente en quienes ya fueron detenidos, sino que alcancen a funcionarios, excolaboradores y personas del entorno de Carlos Manzo que pudieron haber tenido acceso a información sobre sus movimientos, agenda y condiciones de seguridad.
La exigencia ocurre mientras la Fiscalía General del Estado de Michoacán mantiene abiertas nuevas diligencias relacionadas con antiguos colaboradores del alcalde y con los teléfonos celulares que utilizaba antes de ser asesinado.
Una investigación que todavía tiene cabos sueltos
La versión oficial sostiene que el homicidio fue cometido por una estructura vinculada al crimen organizado. Entre los detenidos se encuentra Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias “R1”, señalado como presunto autor intelectual.
Sin embargo, la propia investigación ha reconocido la existencia de personas que presuntamente proporcionaban información sobre los movimientos de Carlos Manzo.
Ese elemento resulta particularmente relevante porque desplaza la pregunta de quién disparó contra el alcalde hacia otra mucho más amplia: ¿quién tenía información suficiente para facilitar el ataque?
El caso de Samuel García Rivero es uno de los principales puntos de esa investigación. El exfuncionario municipal fue señalado por su presunta participación en el homicidio y por una posible filtración de información relacionada con los movimientos del entonces alcalde.
García Rivero había ocupado el cargo de director de Relaciones Públicas y Protocolo del Ayuntamiento.
La Fiscalía también ha mantenido abierta una línea para determinar si existió algún vínculo entre García Rivero y Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo y actual presidenta municipal de Uruapan.
Los teléfonos de Carlos Manzo vuelven a poner el caso bajo los reflectores
Uno de los elementos más controvertidos son los teléfonos celulares que utilizaba Carlos Manzo.
La Fiscalía michoacana solicitó nuevamente a Grecia Quiroz la entrega de los equipos para someterlos a análisis periciales y determinar si contienen información que pueda contribuir al esclarecimiento del asesinato, incluyendo posibles amenazas o comunicaciones previas.
El requerimiento no es nuevo: la Fiscalía ya había solicitado los dispositivos en diciembre de 2025 y enero de 2026. El nuevo requerimiento constituye el tercer intento documentado de obtenerlos.
El interés ministerial en los aparatos adquiere mayor relevancia después de que Yesenia Méndez Rodríguez, quien fuera secretaria particular de Carlos Manzo, ampliara su declaración ante la Fiscalía.
Méndez señaló que Samuel García habría llegado al Ayuntamiento por recomendación de Grecia Quiroz y cuestionó diversos aspectos relacionados con el entorno de seguridad e información del exalcalde. La Fiscalía informó que esas declaraciones forman parte de las líneas que continúa investigando.
El entorno de Manzo, bajo la lupa
No es la primera vez que colaboradores cercanos al exalcalde aparecen dentro de las investigaciones.
En enero, Yesenia Méndez y Samuel García fueron requeridos por la Fiscalía para declarar sobre las actividades que realizaron antes, durante y después del homicidio. Ambos fueron posteriormente liberados.
Meses después, García Rivero quedó relacionado formalmente con la investigación por el homicidio, mientras nuevas declaraciones llevaron a la Fiscalía a profundizar en las relaciones existentes dentro del Ayuntamiento.
Para Juan Daniel Manzo, estos elementos justifican que la investigación sea revisada por la autoridad federal.
Su postura es que no basta con detener a quienes presuntamente participaron directamente en el ataque: también debe determinarse si existieron personas que, desde posiciones cercanas al alcalde, facilitaron información o condiciones para que el crimen pudiera ejecutarse.
El otro nombre pendiente: el jefe de escoltas
Otro de los cabos que la familia considera fundamental es el del coronel José Manuel Jiménez Miranda, quien se desempeñaba como jefe de escoltas de Carlos Manzo.
La Fiscalía mantiene una recompensa de 100 mil pesos por información que permita localizarlo.
Juan Daniel Manzo ha sostenido que el exjefe de seguridad tenía conocimiento previo de amenazas contra su hermano y que su localización resulta indispensable para esclarecer lo ocurrido.
La existencia de una orden de aprehensión y una recompensa oficial convierte su localización en uno de los asuntos pendientes dentro del expediente.
¿Hasta dónde llegó la infiltración?
El expediente presenta así dos dimensiones.
Por un lado, las autoridades han construido una hipótesis criminal alrededor de una estructura que habría ordenado, organizado y ejecutado el asesinato.
Por otro, permanecen abiertas preguntas sobre la posible filtración de información desde el entorno del propio alcalde.
Y ahí es donde la solicitud de Juan Daniel Manzo adquiere especial importancia.
No se trata únicamente de determinar quién disparó contra Carlos Manzo aquella noche de noviembre.
Se trata de establecer quién sabía dónde estaría, quién conocía sus movimientos, quién conocía sus amenazas, quién tenía acceso a su agenda, quién tenía acceso a sus comunicaciones y si alguien desde su propio entorno facilitó información al grupo que terminó asesinándolo.
Las autoridades han reportado 31 detenidos relacionados con distintas etapas de la estructura criminal investigada. Sin embargo, la existencia de nuevas diligencias demuestra que el expediente todavía no está completamente cerrado.
La FGR, ante una investigación cada vez más compleja
La petición presentada por Juan Daniel Manzo busca que la Fiscalía General de la República valore atraer el caso.
Hasta ahora, no existe confirmación pública de que la FGR haya asumido formalmente la investigación. Lo que está documentado es la solicitud de la familia para que el expediente pase al ámbito federal.
Mientras tanto, la Fiscalía michoacana continúa realizando diligencias.
El requerimiento de los teléfonos de Carlos Manzo, las declaraciones ampliadas de antiguos colaboradores, la investigación sobre posibles filtraciones y la búsqueda del exjefe de escoltas mantienen abiertas preguntas que difícilmente pueden considerarse menores.
Porque si la hipótesis oficial sostiene que una organización criminal necesitó información privilegiada para conocer los movimientos del alcalde, la investigación inevitablemente conduce hacia quienes tenían acceso a esa información.
Y esa es precisamente la parte del caso que ahora vuelve a exigir respuestas.
Nueve meses después del asesinato, hay detenidos, hay una estructura criminal señalada y existe una hipótesis oficial sobre quién ordenó el ataque. Pero todavía queda una pregunta incómoda: si hubo información desde el entorno de Carlos Manzo que llegó hasta sus asesinos, ¿quién la proporcionó y quién más sabía de ello?
Esa respuesta podría determinar si el caso realmente está cerca de ser esclarecido o si todavía quedan piezas importantes fuera del expediente.
