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MensajearAquila, Mich., a 16 de junio de 2026.- El conflicto que durante semanas estuvo envuelto en sangre, acusaciones de complicidad y una crisis que incendió la Costa de Michoacán, terminó con un comunicado oficial en el que el Ayuntamiento de Aquila asegura que “nunca tuvo inconveniente” en que la comunidad indígena de Pómaro recibiera su presupuesto directo y ejerciera el autogobierno.
El mensaje, firmado por el presidente municipal José María Valencia Guillén, “Chema Valencia”, fue difundido apenas unas horas después de que el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla anunciara que Pómaro se convirtió oficialmente en la comunidad indígena número 52 de Michoacán en acceder al modelo de autogobierno y presupuesto directo.
Sin embargo, el reconocimiento institucional llega en medio de uno de los episodios más violentos y controvertidos registrados en la región.
Apenas días antes fueron asesinados Lucas Flores Tolentino, tesorero comunal, y Jerónimo García Flores, representante jurídico de Pómaro, dos de los principales impulsores del proceso de autonomía comunitaria. En la misma emboscada también murió el profesor Felipe de Jesús Martínez Martínez y resultó gravemente herida la docente Adelaida Zacarías Pascual.
La respuesta de la comunidad fue inmediata: bloqueos sobre la carretera federal 200, vehículos incendiados y un pronunciamiento en el que responsabilizó públicamente al alcalde José María Valencia Guillén de presuntas amenazas derivadas del proceso para obtener el presupuesto directo.
“Desde que iniciamos el proceso legal para transitar al autogobierno comenzaron las amenazas”, denunció la Comunidad Originaria de Pómaro, que además solicitó a la Fiscalía General de la República atraer la investigación y pidió que se indagara al presidente municipal como presunto responsable intelectual de dichas intimidaciones.
En ese contexto, el comunicado difundido por el Ayuntamiento representa un giro que inevitablemente alimenta el debate político.
En el documento, la administración municipal sostiene que reconoce plenamente la libre determinación de Pómaro, afirma que no existe oposición a que la comunidad administre directamente sus recursos y asegura que colaborará en la transición administrativa.
“Queremos dejar claro que este Ayuntamiento no tiene inconveniente alguno con que su comunidad se gobierne sola y reciba su presupuesto de forma directa”, señala el texto oficial.
La declaración contrasta de manera frontal con la narrativa sostenida por las propias autoridades comunales asesinadas y por la comunidad indígena, que atribuyen precisamente al conflicto por el presupuesto directo el origen de las amenazas que, afirman, precedieron a la emboscada.
La coincidencia temporal también resulta llamativa.
Primero, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla anunció oficialmente el reconocimiento del autogobierno de Pómaro, destacando que la comunidad ejercerá directamente la administración de los recursos públicos que le corresponden. Horas después, el Ayuntamiento de Aquila emitió su propio posicionamiento respaldando la decisión y reiterando que siempre respetó ese derecho.
El problema es que ese mensaje llega cuando la comunidad mantiene acusaciones públicas de enorme gravedad contra el gobierno municipal y cuando todavía no existe una explicación oficial sobre los homicidios que desencadenaron la crisis.
Hasta ahora, ninguna autoridad ministerial ha informado avances que permitan esclarecer el móvil de la emboscada ni ha establecido responsabilidades penales por los asesinatos.
Tampoco existe una respuesta pública del alcalde José María Valencia Guillén frente a las acusaciones formuladas por la Comunidad Originaria de Pómaro, que continúa exigiendo justicia y sostiene que el proceso para acceder al presupuesto directo estuvo acompañado de presiones y amenazas.
