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MensajearApatzingán, Mich., a 20 de agosto de 2026.— Francisco Aguilar Rodríguez volvió a firmar como “Ing.” justo en un documento mediante el cual el Ayuntamiento de Apatzingán advierte a comerciantes de vehículos usados que podrían recibir multas, sufrir el remolque de sus unidades y enfrentar clausuras. El detalle es que meses antes el mismo funcionario había dejado de utilizar el título y aparecía oficialmente como “C.”, de “ciudadano”. Su propia versión habla de una condición de pasante de Ingeniería Industrial y una consulta realizada con sus datos personales en el sistema profesional de la Secretaría de Educación Pública no encontró registro.
De esta forma, mientras el Ayuntamiento exige a los ciudadanos acreditar sus permisos; ahora los ciudadanos pueden exigir que sus funcionarios acrediten los títulos con los que firman.
La contradicción está documentada en los propios archivos oficiales del gobierno municipal que encabeza la alcaldesa Fanny Arreola Pichardo.
Del “Ing.” al “C.” y otra vez al “Ing.”
La historia comienza con una denominación que durante años ha acompañado el nombre del actual síndico municipal.
En documentación oficial del Ayuntamiento, Francisco Aguilar Rodríguez aparece como: “Ing. Francisco Aguilar Rodríguez, Síndico Municipal”.
La denominación también aparece en documentos oficiales relacionados con la administración municipal, por lo que no se trata simplemente de un título colocado por terceros o de una referencia encontrada en redes sociales, donde abundan los ejemplos de cómo ante la sociedad se presentaba el propio Francisco Aguilar como ingeniero.
Sin embargo, la utilización del “Ing.” comenzó a ser cuestionada después de que ciudadanos y trabajadores revisaron documentos públicos y buscaron comprobar si existía un registro profesional que respaldara la calidad con la que Aguilar se presentaba oficialmente.
La respuesta obtenida en una consulta realizada en el sistema de la SEP fue negativa: no se localizaron registros profesionales asociados a los datos personales y CURP utilizados para la búsqueda.
El hallazgo, por sí mismo, no demuestra que Aguilar carezca de título profesional. La propia SEP distingue entre el título expedido por una institución educativa y el registro de la cédula profesional.
Pero sí deja una pregunta elemental que hasta ahora no ha sido respondida: ¿Dónde está el documento que acredita el “Ing.” que aparece frente al nombre del síndico municipal?
El propio Aguilar dijo ser “pasante”
La duda adquiere mayor relevancia por una publicación realizada por el propio Francisco Aguilar en sus redes sociales, el 5 de marzo de 2026.
Ese día escribió que tuvo la oportunidad de regresar al Tecnológico de Apatzingán, institución donde —según sus propias palabras— se graduó “como pasante de ingeniería industrial hace 15 años”.
La expresión es importante. Un pasante, un egresado y un profesionista titulado no necesariamente son la misma cosa. Tampoco es lo mismo haber concluido una carrera que contar con título profesional y cédula.
Por ello, la publicación de Aguilar no resuelve la duda. La amplía.
Si efectivamente obtuvo posteriormente su título de Ingeniero Industrial, la pregunta es sencilla ¿Cuándo lo obtuvo y cuál es el número de su cédula profesional?
Después de los cuestionamientos apareció como “C.”
La historia se vuelve todavía más peculiar cuando se revisan los documentos posteriores.
Después de que se hicieron públicos los cuestionamientos sobre la acreditación profesional de funcionarios municipales, Aguilar comenzó a aparecer sin el título.
En un documento oficial publicado por el Ayuntamiento en mayo de 2026 aparece como: “C. Francisco Aguilar Rodríguez”; ya no como “Ing.” o “Ingeniero”, simplemente implemente “C.”, de ciudadano.
El documento está alojado en el propio portal oficial del Ayuntamiento de Apatzingán, por lo que el cambio no corresponde a una publicación de redes sociales ni a una fuente externa.
Y aquí aparece una de las preguntas centrales de la investigación: ¿Por qué desapareció el “Ing.” de los documentos oficiales?
El Ayuntamiento, omiso como en otras tantas cosas, no explicó públicamente el cambio. Tampoco presentó, al menos públicamente, la documentación que permitiera cerrar la controversia sobre el título profesional.
Pero en agosto el “Ing.” regresó
El título, sin embargo, no desapareció definitivamente.
En un documento fechado el 7 de agosto de 2026, dirigido a propietarios, comerciantes y vendedores de automóviles usados, Francisco Aguilar Rodríguez vuelve a firmar como:
“ING. FRANCISCO AGUILAR RODRIGUEZ
Síndico Municipal”.
Y no se trata de un documento de carácter ceremonial. Es una comunicación mediante la cual el Ayuntamiento advierte a los comerciantes que utilizan áreas verdes, parques, jardines, camellones y espacios de uso común para exhibir o vender vehículos que deberán retirar las unidades y regularizar sus actividades.
De no hacerlo, el Ayuntamiento advierte que podría aplicar multas, retiro y remolque de vehículos y clausura de puntos de venta.
Es decir, Aguilar vuelve a utilizar oficialmente la denominación de ingeniero mientras firma un documento con el que la administración municipal comunica a particulares posibles consecuencias administrativas.
La pregunta incómoda: ¿qué cambió?
La secuencia documental deja una pregunta difícil de esquivar:
¿Qué cambió entre mayo y agosto para que Francisco Aguilar Rodríguez pasara de firmar como “C.” a volver a firmar como “Ing.”?
Porque si tenía título y cédula desde antes, ¿por qué dejó de utilizar la denominación?; Y si no los tenía, ¿por qué volvió a utilizarla?; ¿Se tituló durante ese periodo?; ¿Obtuvo una cédula?; ¿Regularizó algún trámite?; ¿Fue simplemente un cambio de formato administrativo?; ¿O nadie en el Ayuntamiento verificó la información antes de colocar nuevamente “ING.” en un documento oficial?
Son preguntas que corresponden responder a Aguilar y a la administración de Fanny Arreola.
No es solamente una cuestión de abreviaturas
El Ayuntamiento podría intentar reducir el asunto a una cuestión de formato. Pero el problema es que la denominación aparece en documentos oficiales, y además corresponde a un funcionario que ocupa la Sindicatura Municipal.
La cuestión adquiere todavía mayor relevancia cuando ese funcionario firma comunicaciones dirigidas directamente a ciudadanos y comerciantes en las que se advierten posibles sanciones.
El gobierno municipal exige a los particulares contar con licencias, permisos y autorizaciones, pero parece que en el gobierno de la morenista Fanny Arreola nadie verificó la autorización profesional del funcionario que firma esas comunicaciones como “Ing.”
¿Qué dice la ley sobre ostentarse como profesionista?
El asunto tampoco carece de posibles consecuencias jurídicas.
El artículo 283 del Código Penal para el Estado de Michoacán contempla el delito de usurpación de profesión y establece penas de dos a cinco años de semilibertad y de 300 a 500 días multa para quien ejerza públicamente una profesión sin contar con el título correspondiente cuando la ley lo exige, o desempeñe u ofrezca públicamente servicios profesionales sin la autorización correspondiente.
Esto no significa que Francisco Aguilar haya cometido ese delito. Para determinarlo tendría que acreditarse que carece del título correspondiente y que su conducta concreta encuadra en la hipótesis penal.
Pero la existencia de la figura jurídica hace que la acreditación profesional deje de ser un asunto meramente decorativo. La legislación también contempla responsabilidades administrativas para servidores públicos cuando incumplen sus obligaciones o incurren en conductas contrarias al servicio público.
Por ello, si una investigación oficial determinara que un funcionario se ostentó indebidamente con una calidad profesional o presentó información falsa para respaldarla, podrían abrirse procedimientos administrativos y, dependiendo de los hechos acreditados, incluso investigaciones de carácter penal.
Fanny Arreola tiene la palabra
Hasta ahora, la alcaldesa Fanny Arreola Pichardo no ha ofrecido una explicación pública que permita cerrar la controversia.
Y no se trata de una acusación basada exclusivamente en rumores, pues hay documentos oficiales con y sin la controvertida firma de “Ing.”; otros documentos con la firma “C.”; publicaciones donde el propio Aguilar dice ser ingeniero pero también reconoce ser “pasante”; y el registro de la SEP que no arroja resultados para el nombre del síndico Francisco Aguilar.
La respuesta más sencilla para el Ayuntamiento también es la más contundente: mostrar el título.
Y si existe cédula profesional, proporcionar el número para que cualquier ciudadano pueda verificarla.
El problema es que la firma cambió, pero la explicación nunca llegó
El caso deja una paradoja difícil de ignorar. Mientras el Ayuntamiento de Apatzingán advierte a comerciantes que deben regularizarse, acreditar permisos y sujetarse a la ley, uno de sus principales funcionarios continúa utilizando una denominación profesional cuya acreditación pública no ha sido explicada.
Primero fue “Ing.”; después apareció como “C.”; y ahora vuelve a ser “Ing.”.
La SEP no arroja registro en la consulta realizada.
El propio Aguilar habló públicamente de su condición de “pasante”.
El Ayuntamiento no ha explicado el cambio de firmas.
Y Fanny Arreola tampoco ha aclarado si su gobierno verificó el título y la cédula profesional de su síndico antes de permitir que utilizara la denominación en documentos oficiales.
La pregunta queda sobre la mesa: Si el título existe, ¿por qué no mostrarlo?
Mientras el Ayuntamiento pide a los ciudadanos que acrediten que están en regla, resulta perfectamente legítimo que los ciudadanos pidan exactamente lo mismo a quienes, desde el gobierno, firman documentos en su nombre y les anuncian sanciones.
