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MensajearMorelia, Michoacán, a 26 de septiembre del 2026.- Integrantes de comités escolares denunciaron presuntas presiones de facilitadores del programa federal “La Escuela es Nuestra” para orientar o imponer la contratación de determinadas constructoras en planteles beneficiados en Michoacán.
Uno de los denunciantes, maestro de una escuela de Morelia, afirmó que empresas constructoras acudieron al plantel a ofrecer sus servicios antes de que la comunidad supiera que recibiría el apoyo. Según su relato, posteriormente un facilitador pidió nuevas cotizaciones y cuestionó la elección del comité, que había seleccionado una propuesta ajustada al presupuesto asignado.
El docente sostuvo que una de las empresas, cuya razón social dijo corresponde a Lombardía, presentó un costo casi 59 por ciento superior al de otras propuestas. También afirmó que cuenta con mensajes y grabaciones de llamadas en las que, asegura, se intenta influir en la decisión del comité.
“Antes de que supiéramos que nos había llegado el programa, empezaron a llegar constructores a la escuela a ofrecer sus servicios. Después nos pidieron cotizaciones y el comité hizo la elección. Cuando ya habíamos decidido, el facilitador nos dijo que las propuestas se revisarían y que una constructora debía cumplir con los requisitos. Le respondí que la decisión le corresponde al comité, porque así lo eligieron las madres y los padres de familia. Tenemos mensajes y llamadas grabadas sobre lo que ocurrió.”, expresó.
El maestro señaló que del presupuesto económico que el plantel recibió, la comunidad optó por una propuesta que, según dijo, se ajustaba a esa cantidad. Aseguró que las demoras en la entrega de los recursos y en el inicio de las obras obligaron a la escuela a comenzar el ciclo 2026-2027 denera tardía después de la fecha prevista oficialmente.
Los denunciantes afirmaron que el comité escolar, elegido en asamblea, es responsable de decidir cómo se aplican los recursos y seleccionar a quienes realizarán los trabajos. También señalaron que existe un comité de contraloría encargado de vigilar la obra y el uso del dinero.
El maestro agregó que una situación similar habría ocurrido en una escuela de Uruapan, donde, según su testimonio, también se habría intentado orientar al comité hacia una constructora y cuestionar sus presupuestos.
Las personas denunciantes pidieron al Gobierno federal revisar la operación del programa en Michoacán y prevenir posibles irregularidades. Sostuvieron que las empresas señaladas tendrían presuntos vínculos con funcionarios de la Secretaría de Bienestar.
