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MensajearOaxaca de Juárez, Oax., 13 de junio de 2025.– La Central de Abasto de Oaxaca vivió momentos de terror el jueves, tras un enfrentamiento armado entre grupos de choque vinculados a organizaciones sindicales que se disputan el control de espacios comerciales. El origen del conflicto estaría en el cobro ilegal de piso, con cuotas que, según comerciantes, alcanzan hasta 500 pesos diarios por cada local.
La balacera, registrada al mediodía en puntos clave como Nuño del Mercado y Diagonal de Mercaderes, enfrentó a integrantes de la Confederación Libertad y la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México "Joven" (CATEM Joven), dos agrupaciones señaladas por imponer cuotas a vendedores a cambio de “protección” o permanencia en sus espacios de trabajo. La situación dejó al menos una persona herida, múltiples daños materiales y obligó a comerciantes y compradores a resguardarse.
La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) abrió una carpeta de investigación de oficio y activó de inmediato un operativo interinstitucional bajo el Mando de Coordinación de Seguridad Metropolitana. En este esfuerzo participaron la Agencia Estatal de Investigaciones, la Policía Municipal, la Guardia Nacional, la SEDENA y la Policía Estatal, con el objetivo de restablecer el orden y garantizar la paz social.
El despliegue incluyó vigilancia aérea con drones tácticos, así como seguimiento en tiempo real mediante cámaras del Centro de Control, Comando y Comunicación (C4). Gracias a estas herramientas, las autoridades lograron identificar a personas y vehículos presuntamente implicados en los hechos, aunque hasta el momento no se han reportado detenciones.
La FGEO señaló que ya se han delineado diversas líneas de investigación para construir una teoría del caso sólida que permita procesar a los responsables. Asimismo, reiteró su compromiso de mantener la vigilancia y seguir colaborando en acciones operativas para proteger a quienes trabajan o acuden a la Central.
Este hecho pone en evidencia la presión constante que enfrentan los comerciantes, muchos de los cuales han denunciado extorsiones y amenazas por parte de grupos que exigen pagos de hasta 500 pesos diarios por derecho a vender, una práctica que representa un serio riesgo para la economía local y la estabilidad social.
