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MensajearArio, Mich., a 28 de noviembre de 2025.— La crisis que sacude a Ario de Rosales escaló de golpe este viernes: la Fiscalía General del estado detuvo a Víctor Hugo “N”, policía municipal acusado de participar en un operativo falso que terminó en tiros, muerte, tortura y secuestro en pleno Salvador Escalante. La detención confirma lo que desde hace semanas circulaba como rumor: la corporación municipal aparece en el centro de uno de los casos más violentos del año.
La FGE lo detalla sin matices: cinco patrullas de la Policía de Ario bloquearon, la madrugada del 4 de octubre, una Cadillac Escalade donde viajaban cuatro personas. Ordenaron descender a los ocupantes “para una revisión”. El copiloto bajó. La conductora, Gabriela Andrea F., intentó alejarse. La respuesta fue inmediata y devastadora: los policías abrieron fuego.
Una ejecución disfrazada de inspección
La camioneta perdió el control y salió del camino. En segundos, los uniformados rodearon el vehículo junto a un hombre que viajaba en otra unidad. Este sujeto, cuya identidad no se ha revelado, habría sido quien remató a Gabriela Andrea F. con un tiro directo. Murió ahí mismo. Pero el horror no terminó en ese punto.
Uno de los tres acompañantes fue levantado por los propios policías, golpeado y torturado durante horas. Fue liberado hasta el día siguiente, malherido y bajo amenaza.
La escena completa —patrullas oficiales, disparos de armas largas, un supuesto civil participando en la ejecución y un secuestro consumado— encendió todas las alarmas en la Fiscalía Especializada en Feminicidios. La investigación avanzó a contrarreloj y terminó por ubicar a nueve policías como presuntos participantes.
Primer detenido… y una fuga que ya es escándalo
Víctor Hugo “N” fue capturado e ingresado al Centro Penitenciario de Alto Impacto. Pero los otros ocho señalados están prófugos, a pesar de que la Fiscalía afirma que mantiene operativos activos.
La ausencia de los policías buscados y la violencia del ataque han provocado una creciente presión política y social. El caso, que comenzó como un rumor de “inspecciones de rutina”, hoy exhibe una posible estructura delictiva operando desde dentro de una corporación municipal.
Mientras la FGE intenta cerrar el cerco, el municipio de Ario enfrenta el colapso de su narrativa oficial. Lo que se presentó como “revisión de rutina” ahora se perfila como un caso de violencia extrema, abuso de poder y presunta colusión criminal.
El proceso apenas comienza, pero la verdad ya explotó: en Ario, la policía no solo no protegía… también disparaba, perseguía y torturaba.
