El Derecho a la Salud Mental no está garantizado a toda la población: Sociedad Mexicana de Psicología

Morelia, Michoacán., 10 de septiembre del 2021.- Hoy en el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, buscan hacer conciencia sobre cómo la falta de mecanismos institucionales, jurídicos y de política pública para garantizar el derecho a la salud mental pueden llevar a que alguien decida quitarse la vida.

Los datos son preocupantes, ya que en los últimos años el número de suicidios al año ha aumentado. Tan solo en el 2020, 7,896 personas se quitaron la vida, y en Michoacán 381 personas se suicidaron.

Asimismo, el Estado ocupa el onceavo lugar de tasa de suicidios a nivel nacional, lo cual es inaceptable porque la Ley de Salud Mental contempla que haya acciones específicas en la prevención de riesgos en materia de salud mental.

A nivel nacional derivado de la pandemia por la COVID-19 hubo una disminución del nivel de bienestar subjetivo de la población. De acuerdo con los indicadores de bienestar autorreportados de la población urbana del INEGI, el balance anímico de la población mexicana registró una calificación de apenas el 6.1, en el que el 10 es la máxima calificación; lo que se atribuye a que existe entre la población, una mayor presencia de sentimientos como la preocupación, la ansiedad y el estrés.

Por otro lado en el primer informe cuatrimestral “Mapeo de desabasto de medicamentos en México” del presente año elaborado por Nosotrxs y Cero Desabasto, se señala que el desabasto de medicamentos de salud mental ocupó el quinto lugar dentro de todos los reportes, segmentados por patologías. El número de reportes por desabasto de medicamentos relacionados con la salud mental registra un aumento ya del 75% este año con respecto al 2020.

Es importante hacer notar que en México no existen políticas públicas de salud mental que atiendan de manera progresista la satisfacción con la vida, la fortaleza de ánimo, sentido de vida o endemonia, y el balance afectivo y anímico.

Sin duda, la inversión en salud mental debe ser una prioridad en materia de salud y es una condición para el desarrollo económico y social, por lo que resulta indispensable el financiamiento de las acciones para proteger el derecho humano a la salud mental y garantizar su cumplimiento.

Desafortunadamente, desde el año 2014, durante toda la administración del gobierno saliente de Michoacán, se incumplió y se hizo un abordaje incorrecto de la problemática, al no invertir suficientes recursos económicos en el tema de salud mental, y no cumplir con acciones puntuales que la propia Ley de Salud Mental establece.

Según el artículo 79 de la Ley de Salud Mental del Estado de Michoacán de Ocampo, es obligación del Gobierno del Estado incluir una partida no menor al 3% del presupuesto total destinado a la salud, aproximadamente 8 mil 500 millones de pesos anuales, para la Secretaría de Salud.

Por lo que, de acuerdo con recomendaciones de la OMS se debería de invertir entre el 5% y 10% del gasto total en salud a cuestiones de salud mental, así que la inversión en salud mental tendría que haber sido de 250 millones de pesos en el 2021; no obstante, las autoridades gubernamentales no han cumplido con la recomendación ni han ejercido dicho presupuesto cabalmente para garantizar la salud mental de toda la población de Michoacán.

Ante este panorama exigimos que las autoridades responsables cumplan con lo siguiente:

1. Cumplir con la recomendación de la OMS, e invertir aproximadamente 250 millones de pesos anuales en materia de salud mental en cada Estado.

2. Generar indicadores que permitan evaluar los resultados, por parte de todxs lxs interesadxs, de la Política de Salud Mental implementada en el Estado.

3. Garantizar la asignación de recursos a mediano y largo plazo para la creación de módulos de atención en salud mental a efecto de incrementar la cobertura de los servicios de salud mental en el Estado.

4. Implementar un programa de contratación de profesionales de salud mental en las Instituciones de Salud Pública, y garantizarles a cada unx de ellxs derechos laborales.

5. Garantizar el acceso efectivo a los medicamentos en todas las instituciones de salud.

6. Articular una agenda común en materia de salud mental, con todas las autoridades y en todos los niveles de atención médica en el Estado.

Es importante mencionar que dicho panorama fue presentado a las nuevas autoridades electas, por lo que tienen la información suficiente sobre la gravedad de la problemática de salud mental, y se les entregaron propuestas elaboradas por expertos en el tema, impulsadas por las organizaciones firmantes.