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MensajearCuliacán, Sin., a 23 de agosto de 2026.- La crisis política alrededor de Rubén Rocha Moya escaló este fin de semana hasta convertirse en un frente abierto entre la oposición, el propio partido del gobernador y distintos sectores de la clase política nacional.
Después de que Rocha Moya regresara a la gubernatura de Sinaloa el pasado 21 de agosto, tras 112 días de licencia, y apenas unas horas después solicitara nuevamente separarse del cargo por tiempo indefinido, las exigencias para que enfrente consecuencias políticas y jurídicas se multiplicaron.
El Congreso de Sinaloa aprobó este domingo su segunda licencia, mientras desde la oposición comenzaron a plantearse nuevamente el juicio político, el desafuero, investigaciones y un cambio de rumbo en el gobierno estatal.
PAN insiste: juicio político y desaparición de poderes
Acción Nacional mantiene la postura más concreta en materia de juicio político.
El partido presentó desde el 11 de mayo una solicitud formal de juicio político contra Rocha Moya ante la Cámara de Diputados, argumentando los señalamientos realizados por autoridades estadounidenses sobre presuntos vínculos con el narcotráfico. El PAN planteó entonces que el procedimiento buscara impedir que el mandatario pudiera regresar al cargo y recuperar la protección constitucional asociada a la gubernatura.
La maniobra cobró nueva fuerza después del accidentado regreso del gobernador.
El dirigente nacional panista, Jorge Romero, volvió a exigir juicio político y planteó además la desaparición de poderes en Sinaloa. El dirigente cuestionó que Rocha pudiera regresar y separarse nuevamente del cargo mediante decisiones personales mientras permanecen pendientes los señalamientos que pesan sobre su administración.
La postura panista es que una nueva licencia no resuelve el problema de fondo.
PRI: salida de Rocha y ruptura con el “rochismo”
El PRI también se ha mantenido en la ofensiva, aunque su ruta política ha sido distinta a la del PAN.
El priismo ha exigido que Rocha Moya abandone definitivamente el poder y enfrente las acusaciones formuladas en su contra. En las últimas horas, dirigentes y legisladores del partido han rechazado que la nueva licencia pueda utilizarse para mantener influencia sobre el gobierno estatal.
El diputado federal priista Mario Zamora, uno de los principales opositores de Rocha en Sinaloa, ha insistido en que el estado necesita cambiar de rumbo y ha cuestionado que quienes aparecen señalados puedan simplemente apartarse temporalmente del cargo sin explicar públicamente las acusaciones.
Desde el PRI también se ha planteado que el gobernador interino que sea designado no represente una continuidad del grupo político de Rocha. La exigencia es romper con el llamado “rochismo” y evitar que el actual grupo político conserve el control del gobierno estatal.
A nivel nacional, el dirigente priista Alejandro Moreno ha endurecido sus ataques contra Rocha y contra Morena, acusando al oficialismo de proteger políticamente al gobernador y reclamando que enfrente las acusaciones que se han formulado desde Estados Unidos.
El PRI, sin embargo, debe distinguirse del PAN en un punto: la evidencia disponible muestra una ofensiva política del priismo contra Rocha, pero no una solicitud propia de juicio político equivalente a la presentada formalmente por Acción Nacional.
MC reclama juicio político y desafuero
Movimiento Ciudadano también elevó el tono.
La dirigencia emecista ha exigido que Rocha Moya sea sometido a juicio y que se eliminen los obstáculos constitucionales que, a su juicio, podrían impedir que responda ante las autoridades.
Este domingo, MC volvió a colocar sobre la mesa el juicio político y el desafuero, al considerar insuficiente la nueva licencia solicitada por el gobernador.
La posición del partido se suma a la que había expresado meses atrás su dirigente nacional, Jorge Álvarez Máynez, quien sostuvo que la licencia no debía utilizarse como mecanismo para evitar que Rocha enfrentara las investigaciones y que los hechos debían esclarecerse en México.
La presión ya no viene solamente de la oposición
Uno de los elementos que modificó radicalmente el escenario fue el distanciamiento dentro de Morena.
El regreso de Rocha Moya al gobierno estatal no fue respaldado de manera unánime por el partido. Tras la nueva licencia, legisladores morenistas incluso señalaron que la decisión contribuiría a mejorar el escenario político dentro de la llamada Cuarta Transformación.
La presidenta Claudia Sheinbaum también expresó su rechazo a que decisiones personales se coloquen por encima del interés de Sinaloa y posteriormente celebró la segunda licencia.
El senador morenista Gerardo Fernández Noroña fue todavía más contundente: consideró que la segunda licencia representa la “caída definitiva” de Rocha Moya.
La posición resulta especialmente significativa porque Noroña no habló desde la oposición, sino desde las filas del partido gobernante.
Una crisis que dejó de ser exclusivamente partidista
El episodio de las últimas 48 horas transformó la discusión.
Hasta hace unos meses, el caso Rocha Moya podía presentarse principalmente como un enfrentamiento entre el gobernador y sus adversarios políticos. Ahora el escenario es diferente: PAN, PRI y MC presionan desde la oposición, mientras figuras de Morena se han desmarcado de su regreso al poder.
La nueva licencia tampoco cerró el debate.
Para el PAN, el episodio demuestra que la solución debe ser institucional mediante un juicio político y, eventualmente, la desaparición de poderes. Para MC, Rocha debe enfrentar un proceso político y jurídico. Para el PRI, el siguiente paso debe ser impedir que el grupo político del gobernador conserve el control de Sinaloa.
Mientras tanto, Morena busca encauzar la sucesión mediante la designación de un gobernador interino y evitar que el conflicto siga escalando.
Así, Rubén Rocha Moya dejó de estar solamente frente a una solicitud de juicio político. Su regreso fugaz a la gubernatura y la posterior licencia indefinida abrieron un nuevo capítulo de una crisis en la que la oposición exige consecuencias, sectores de Morena se distancian del mandatario y el futuro político de Sinaloa queda nuevamente en disputa.
El desenlace inmediato estará en manos del Congreso estatal, que deberá definir quién asumirá la gubernatura durante la ausencia de Rocha. Pero en el ámbito federal, el debate ya tomó otra dimensión: si la licencia será suficiente para cerrar el capítulo Rocha Moya o si, por el contrario, terminará convirtiéndose en el punto de partida de una ofensiva política y legislativa mucho mayor.
