Ciudad de México, a 10 de septiembre 2026.- Al iniciar este 10 de septiembre el Proceso Electoral Federal 2026-2027, el diputado federal de Acción Nacional, Armando Tejeda Cid afirmó que el país necesita un árbitro a la altura. La contienda que culminará el 6 de junio de 2027, con la renovación de 500 diputaciones federales y la elección de más de 19 mil cargos, entre ellos, 17 gubernaturas será la prueba de fuego del Instituto Nacional Electoral.
“Cancha pareja no es un eslogan. Es que nadie compita con la chequera del gobierno en la mano, con el aparato de un gobernador a su favor o con el silencio forzado del crimen. Si el INE no pone el alto desde el primer día, no habrá elección limpia: habrá simulación”, sostuvo.
Tejeda Cid demandó al Instituto aplicar con rigor las reglas de precampaña y campaña, fiscalizar en tiempo real y sancionar sin cálculos políticos. El INE no puede limitarse a organizar casillas. Tiene que demostrar autonomía frente al poder en turno, equidad en tiempos y recursos, y capacidad para frenar la ventaja indebida de quien gobierna.
“Esa prueba se mide en hechos: si se permite que el oficialismo anticipe actos de campaña, si se toleran operadores desde las oficinas públicas y si las quejas opositoras se archivan mientras las del poder avanzan. Cancha pareja es que la ley pese igual para todos”, expresó.
El legislador michoacano advirtió que la entrega y el condicionamiento de programas sociales se ha convertido en la maquinaria más eficaz, y más cínica, de distorsión del voto. Padrones opacos, entregas masivas en calendarios electorales, mensajes que asocian el apoyo con un partido o con un gobierno, y la amenaza velada de que “si gana otro, se acaba el apoyo” no son política social: son clientelismo de Estado.
“El apoyo a las familias no se discute. Lo que se discute es usarlo para comprar lealtades. Un programa social no puede ser moneda de cambio ni herramienta de chantaje. Quien condicione una beca, una pensión o un apoyo está atacando la libertad de la gente”, enfatizó Tejeda Cid.
En ese engranaje, señaló, los Servidores de la Nación no pueden disfrazarse de gestoría social cuando en los hechos operan como estructura territorial del oficialismo: recorren colonias, levantan padrones, entregan apoyos, presionan a beneficiarios y convierten el presupuesto público en ventaja electoral. No son voluntarios de la democracia; son operadores pagados con recursos de todos.
“Un servidor público no es militante a sueldo del gobierno. Si recorre casa por casa con logo oficial, lista de beneficiarios y consigna partidista, no está sirviendo a la Nación: está sirviendo a una campaña. El INE tiene que documentarlo, frenarlo y sancionar desde ahora, no el día después de la elección”, exigió.
Advirtió también que las mañaneras no pueden seguir siendo un acto de campaña cotidiano financiado con tiempo, infraestructura y recursos públicos. Usar la conferencia matutina para adelantar posicionamientos electorales, exhibir adversarios, promocionar programas con sello personalizado o marcar línea a gobernadores y operadores rompe la equidad antes de que arranque cualquier spot.
“La mañanera no es un noticiero ni un derecho adquirido del poder. Es un púlpito oficial. Si desde ahí se hace precampaña todos los días, no hay cancha pareja: hay monopolio de la voz del Estado. El INE no puede hacerse de la vista gorda con la propaganda más persistente del oficialismo”, afirmó.
Por ello exigió al INE y a las autoridades competentes un cerco inmediato: lineamientos claros contra la promoción personalizada, monitoreo de entregas en periodo electoral, sanciones a servidores públicos que condicionen apoyos y transparencia total de padrones y calendarios de dispersión.
El diputado señaló que la inequidad no solo baja de Palacio: se opera desde los estados. Gobernadores que ponen el aparato estatal al servicio de una sola fuerza —obras relámpago, operadores en nómina, presión a alcaldes, uso de medios locales y control de estructuras territoriales— rompen la cancha pareja antes de que arranquen las campañas.
Esa intervención es especialmente grave donde el poder local ya concentra presupuesto, seguridad y programas. No se puede hablar de federalismo democrático si desde las gubernaturas se decide quién compite con ventaja y quién compite con el agua al cuello. El INE y los organismos locales deben documentar, frenar y sancionar esa injerencia, no relativizarla.
El segundo gran reto, dijo, es que la democracia excluya al crimen organizado. El proceso 2023-2024 dejó una lección que no puede repetirse: organizaciones independientes documentaron entre 34 y 39 aspirantes o candidatos asesinados, cientos de amenazas y más de 500 solicitudes de protección. Integralia ubicó a Guerrero, Michoacán y Chiapas entre las entidades más golpeadas.
“Si el crimen pone o quita candidaturas, si impone silencio o cobra piso en las campañas, no hay elección: hay captura. La democracia o excluye al crimen organizado o deja de ser democracia. Eso vale para Michoacán y para todo el país”, afirmó.
Tejeda Cid subrayó que cancha pareja también es abrir la contienda a quienes históricamente han quedado al margen de las decisiones. Las mujeres no pueden ser cuota de escritorio ni blanco de violencia política. Los jóvenes no pueden ser utilizados como comparsa de mitin y luego excluidos de las candidaturas, de las dirigencias y del debate público.
Llamó a que este proceso garantice condiciones reales de participación: combate a la violencia política en razón de género, reglas que no conviertan la precampaña en un privilegio de quien ya tiene estructura, y espacios efectivos para que jóvenes y mujeres compitan, propongan y ganen. Una democracia que no se renueva con ellas es una democracia que se encoge.
“El INE está a prueba. Las familias están a prueba. Michoacán está a prueba. O este proceso se juega en cancha pareja —sin clientelismo, sin mano de gobernadores, sin crimen y con mujeres y jóvenes en el centro— o México volverá a votar con el tablero inclinado. Acción Nacional no se va a quedar callado”, concluyó.









