Compartir
Twittear
MensajearUruapan, Michoacán, a 1 de abril de 2026.- El calendario marca un aniversario más del 1 de abril de 2020, una fecha que simboliza la vulnerabilidad de la prensa frente al abuso de poder y la ausencia de justicia en Michoacán. Durante la cobertura de una protesta social en el Boulevard Industrial, la periodista Lucero Díaz Estrada, directora de Enlace Informativo, fue alcanzada por un proyectil de arma de fuego disparado por elementos de la Policía Municipal, quienes actuaron sin protocolo de actuación ni respeto a las garantías individuales.
El ataque se produjo justo en el momento en que las fuerzas de seguridad procedían a dispersar la manifestación, pero fue con armas cortas y largas. Fue en ese contexto de repliegue cuando el impacto hirió a la comunicadora en el pecho izquierdo, alojándose la bala en sus costillas.
A pesar de haber sido un hecho criminal durante el ejercicio de su labor profesional, las respuestas institucionales se caracterizaron por la indolencia y la protección de los victimarios.
La negligencia de la Fiscalía Regional de Uruapan, bajo la gestión de Alberto Núñez Mora en aquel tiempo, fue absoluta. La institución se negó sistemáticamente a realizar la cadena de custodia necesaria para la extracción del proyectil, obligando a la periodista a vivir con la bala alojada en su cuerpo durante un año. Fue hasta que su salud se vio gravemente comprometida que se tuvo que proceder a la extracción en el Hospital General de Uruapan, tras una lucha extenuante contra la omisión oficial.
Tanto el entonces gobernador, Silvano Aureoles Conejo, como el alcalde en turno, Víctor Manuel Manríquez González, fueron señalados por minimizar la gravedad de la situación, desestimando la responsabilidad de los agentes municipales involucrados.
A seis años de distancia, la carpeta de investigación permanece bajo la sombra de "un carpetazo" que ha impedido la judicialización de los responsables, evidenciando una estructura de impunidad que se ensaña particularmente contra las mujeres periodistas.
Este caso pone de manifiesto la carencia total de capacitación profesional de los policías municipales, quienes desde aquella fecha hasta la actualidad operan sin lineamientos claros para el respeto a la libertad de prensa.
La injusticia se ha extendido más allá del impacto físico; Lucero Díaz Estrada ha denunciado amenazas de muerte persistentes por parte de actores vinculados al ayuntamiento, manteniendo vigente un asedio que busca el silencio definitivo. La falta de castigo para quienes accionaron sus armas contra una informadora confirma que la verdad sigue siendo un objetivo bajo fuego en un entorno de complicidades oficiales.
