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MensajearMorelia, Mich., a 6 de julio de 2025.- Adrián López Solís anunció su renuncia como titular de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, cerrando un ciclo de seis años y medio marcado por profundas reformas estructurales, resultados contrastantes y una realidad persistente: el sistema de justicia aún le queda a deber a miles de víctimas en la entidad.
“Durante los últimos casi seis años y medio, de mi vida personal y profesional, enfrentamos grandes retos en la tarea de procuración de justicia”, expresó el fiscal en un mensaje dirigido a la opinión pública, en el que confirmó que notificará al Congreso su separación con efectos a partir del próximo 20 de agosto.
Desde que asumió el cargo en 2019, López Solís encabezó una transformación operativa de la Fiscalía General. Entre los avances más destacados, se encuentra el incremento en las carpetas judicializadas, así como la ampliación del número de sentencias condenatorias, que se triplicaron en juicio oral.
En materia forense, la dependencia consolidó laboratorios acreditados en genética, balística y química, mientras que las unidades especializadas en homicidio doloso, desaparición forzada y delitos contra mujeres fueron reforzadas con mayor personal y estructura jurídica.
Pese a los números, el propio fiscal reconoció que las exigencias sociales rebasan con frecuencia las capacidades institucionales:
“En los avances en el combate a la impunidad es necesario reconocer, en el balance, que a los grandes pendientes se suman todos los días nuevas exigencias que provienen de una intensa dinámica delictiva.”
Impunidad en delitos: Una deuda abierta
La renuncia de López Solís ocurre mientras persiste un amplio rezago en delitos del fuero común, especialmente en aquellos que afectan directamente a la ciudadanía, como robos, lesiones, extorsión o fraude, sin mencionar el homicidio o el secuestro.
Tan solo la noche del sábado, el director de Noventa Grados José Maldonado Sotelo, fue víctima de la delincuencia al ser interceptado por un grupo de hombres armados y encapuchados, quienes lo despojaron de su vehículo.
A pesar de interponer las denuncias correspondientes, es poco probable que los responsables sean detenidos o que la unidad sea hallada, al existir en la entidad prolíficas bandas dedicadas a este delito, que operan en la mayor impunidad.
Distintos informes han revelado que en Michoacán, 9 de cada 10 carpetas de investigación no derivan en un imputado formal, lo que refleja una impunidad estructural que no ha sido resuelta.
En materia de violencia de género, si bien se judicializaron más casos de feminicidio, persiste una brecha importante: solo alrededor del 30 % de los asesinatos de mujeres reciben esa tipificación legal, y muchas víctimas de agresiones siguen esperando acceso efectivo a la justicia.
El propio fiscal señaló en su mensaje que el reto es sistémico y requiere del respaldo de todas las instancias del Estado:
“Solo es posible atender [estas exigencias] en un frente coordinado con todas las capacidades del Estado, conforme a las competencias legales que atañen a cada instancia de seguridad y de justicia.”
López Solís subrayó que su renuncia busca abrir paso a un nuevo ciclo institucional:
“Es el momento de generar las mejores condiciones que permitan reimpulsar los procesos de crecimiento y mejoramiento de las capacidades institucionales [...] a partir de nuevos incentivos y reforzamiento del acompañamiento gubernamental.”
