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MensajearCiudad de México; 18 de septiembre de 2019.- El colegio Enrique Rébsamen, que impartía educación preescolar, primaria y secundaria en Coapa, en la delegación Tlalpan, de la Ciudad de México, cuya destrucción durante el sismo del pasado 19 de septiembre de 2017 dejó un saldo de 19 menores y 7 adultos muertos, se ha convertido en un caso emblemático del cúmulo de irregularidades, jurídicas y administrativas, que han salido a la luz tras los severos daños que dejó el movimiento telúrico.
En el principio ¿presunta corrupción?
De acuerdo con la denuncia de hechos presentada ante el Ministerio Público por la delegada de Tlalpan, la morenista Claudia Sheinbaum, funcionarios de esa demarcación, en las administraciones que le antecedieron, así como Mónica García Villegas, propietaria del colegio, habrían actuado dolosamente porque la edificación de la escuela “se realizó sin los permisos correspondientes” que debía otorgar la delegación.
De manera específica, el colegio fue ampliado en 2010 sin haber hecho el aviso correspondiente a la delegación, lo que motivó que las autoridades llevaran a cabo una visita de verificación. Tras esta, la delegación Tlalpan clausuró las obras, y ordenó la demolición de 90 metros en un cuarto nivel que se estaba construyendo sin contar con los permisos adecuados. A través de una resolución administrativa, el 16 de agosto de 2011 “se ordenó la clausura total temporal en los trabajos de construcción”.
Sin embargo, seis años después se pudo comprobar que el cuarto piso que se ordenó demoler no solo se terminó de construir, sino que en este presuntamente habitaba la dueña del colegio, a pesar de que “no existe evidencia ni documento que permita concluir que se subsanaron” las irregularidades señaladas desde 2010. De hecho, la delegación Tlalpan tampoco cuenta con un documento que acredite que se levantó la clausura, según la denuncia presentada por Sheinbaum.
Derechos adquiridos ¿apócrifos?
En 1983, debido a que así lo permitía la legislación de la época, el colegio Enrique Rébsamen obtuvo un permiso para construir departamentos y oficinas. Después de 1997, cuando las normas cambiaron, la escuela siguió operando debido a que la convivencia del uso de suelo habitacional y comercial le había sido autorizada antes de las reformas a la norma.
Seguridad estructural ¿errónea?
El colegio presentó ante las autoridades de la delegación Tlalpan, en junio de 2014, una constancia de seguridad estructural que avala las condiciones del inmueble. El documento está firmado por el ingeniero civil Francisco Arturo Pérez Rodríguez, corresponsable en seguridad estructural, autorizado para fungir como tal por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), de acuerdo con documentos dados a conocer por la delegación Tlalpan.
Propietaria ¿responsable?
La dueña del colegio, Mónica García Villegas, fue detenida el 11 de mayo de este año, A García Villegas se le imputa el delito de homicidio y los que resulten, por la muerte de 19 niños y siete adultos en el citado colegio ubicado en la alcaldía Tlalpan.
En cuanto a la responsabilidad civil, los afectados pueden demandarla para que repare el daño causado, siempre y cuando se pruebe que este sobrevino no por el sismo en sí, sino como consecuencia de los vicios de construcción del inmueble, de acuerdo con el artículo 1,931 del Código Civil de la Ciudad de México.
De ser ese el caso, García Villegas también “derecho a repetir” en contra de los constructores y de aquellos que avalaron la edificación. Es decir, si como propietaria del inmueble se le obliga a reparar el daño porque el edificio presentaba irregularidades –probadas- en su construcción, ella a su vez puede demandar a quienes llevaron a cabo la edificación dejándola con vicios.
