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MensajearCuliacán, Sin., a 2 de mayo de 2026.— La investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra presuntos vínculos entre poder político y crimen organizado en Sinaloa escaló al nivel más alto del poder estatal. En la parte superior del expediente aparece el entonces gobernador Rubén Rocha Moya, seguido por su operador político más cercano, hoy senador, Enrique Inzunza, lo que coloca el caso lejos de ser un episodio aislado y lo ubica como un señalamiento directo a la cúpula del gobierno sinaloense.
Estados Unidos solicitó la detención provisional con fines de extradición de personas vinculadas a este caso, dentro de una investigación por narcotráfico, conspiración y delitos relacionados con armas. Se trata de un paso formal dentro del sistema judicial estadounidense que, en caso de avanzar, podría derivar en procesos penales con sanciones que van desde varias décadas de prisión hasta cadena perpetua.
No obstante, autoridades mexicanas, a través de la Fiscalía General de la República, han señalado que la solicitud no fue acompañada de pruebas suficientes para ejecutar detenciones de manera inmediata, lo que mantiene el proceso en una fase de revisión y tensión entre ambos países.
Los documentos del Departamento de Justicia de EEUU no describen hechos aislados, sino un presunto esquema de colaboración sistemática entre autoridades y la facción de Los Chapitos. Según la acusación, tanto Rocha Moya como Inzunza habrían sostenido reuniones con líderes del cártel en las que se habrían acordado mecanismos de protección institucional a cambio de apoyo político, incluyendo la posibilidad de facilitar condiciones para el tráfico de drogas y el control de corporaciones de seguridad como la policía estatal.
El núcleo del señalamiento es un intercambio directo entre respaldo electoral y protección gubernamental, lo que, de confirmarse, implicaría la penetración del crimen organizado en las estructuras más altas del poder estatal.
En medio de este escenario, Inzunza reapareció públicamente tras varios días ausente de su escaño en el Senado, con un mensaje en el que negó categóricamente las acusaciones, las calificó como calumnias y aseguró que responderá ante las autoridades mexicanas.
Su posicionamiento no abordó directamente el avance del caso en Estados Unidos ni la solicitud de extradición, sino que lo enmarcó en un conflicto político más amplio, al sostener que las imputaciones surgen tras su defensa de la soberanía nacional frente a la actuación de agencias extranjeras.
En esa misma línea, expresó su respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum, alineándose con la narrativa oficial de defensa frente a presuntas injerencias externas.
Paralelamente, versiones periodísticas señalan que el equipo legal del senador habría explorado acercamientos con autoridades estadounidenses para evaluar mecanismos de cooperación, como la figura de testigo cooperante.
Aunque estas gestiones no han sido confirmadas públicamente, su posible existencia adquiere un peso distinto en el contexto de una solicitud de extradición ya activada, al abrir la interrogante sobre una estrategia jurídica que podría desarrollarse en paralelo al discurso político de confrontación.
El avance del caso depende ahora de decisiones clave dentro de México. La validación de pruebas por parte de la FGR será determinante, así como un eventual proceso de desafuero, dado que Inzunza cuenta con inmunidad legislativa. Sin estos pasos, la extradición no puede materializarse, lo que convierte el caso en un punto de presión tanto judicial como político dentro del país.
Así, el expediente ha dejado de ser un señalamiento mediático para convertirse en un conflicto de alcance binacional que involucra a figuras del más alto nivel del poder estatal. En ese contexto, la reaparición de Inzunza no cierra la crisis, sino que la expone en toda su dimensión: la coexistencia de una defensa política centrada en la soberanía y una presión judicial internacional que continúa avanzando.
