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MensajearCuliacán, Sin., a 27 de julio de 2026.— Dos años después de la captura de Ismael "El Mayo" Zambada, uno de los fundadores y líderes históricos del Cártel de Sinaloa, el balance dista mucho de representar el fin de la organización criminal más poderosa de México. Por el contrario, la detención del capo abrió una de las etapas más violentas en la historia reciente del estado, con miles de homicidios, miles de desapariciones, una economía golpeada y una guerra interna que continúa modificando el mapa del crimen organizado.
El 25 de julio de 2024, Zambada fue trasladado a Estados Unidos en circunstancias que hasta hoy siguen generando controversia. Lo que inicialmente fue presentado como un golpe histórico contra el narcotráfico terminó detonando una ruptura sin precedentes entre las dos principales facciones del Cártel de Sinaloa: Los Chapitos y La Mayiza.
Las consecuencias comenzaron casi de inmediato.
En apenas dos años, diversos recuentos periodísticos y bases oficiales documentan más de 3 mil homicidios dolosos y más de 4 mil personas desaparecidas vinculadas al conflicto interno que estalló tras la captura del histórico líder criminal. Algunas estimaciones elevan la cifra a 3 mil 600 asesinatos y más de 4 mil 600 desapariciones, un saldo que supera ampliamente el registrado en muchos conflictos criminales regionales de la última década.
Pero las cifras no reflejan por completo el costo social.
Durante estos dos años, comunidades enteras han sufrido desplazamientos forzados; escuelas suspendieron clases en múltiples ocasiones; comercios cerraron por amenazas o enfrentamientos armados; carreteras fueron bloqueadas y ciudades como Culiacán y, recientemente, Mazatlán, han requerido operativos extraordinarios con miles de elementos federales para intentar contener la violencia. Apenas este fin de semana, el Gobierno reforzó la seguridad en Mazatlán con otros 2 mil agentes adicionales ante la expansión del conflicto hacia el sur del estado.
Paradójicamente, mientras el Estado presume importantes aseguramientos de armas, laboratorios clandestinos, drogas sintéticas y detenciones de operadores financieros, la disputa criminal no ha terminado.
La organización que durante décadas operó bajo un liderazgo relativamente unificado terminó fragmentándose.
Hoy no existe un solo mando dominante, sino múltiples células disputando territorios, rutas de trasiego, laboratorios, redes de lavado de dinero y control político local.
Esa fragmentación ha significado un fenómeno ampliamente documentado por especialistas en seguridad: organizaciones criminales debilitadas en su estructura, pero capaces de generar mayores niveles de violencia debido a la competencia entre facciones.
El propio caso del Cártel de Sinaloa parece confirmar esa dinámica.
Aunque Estados Unidos consiguió sentenciar a cadena perpetua a uno de los narcotraficantes más buscados del planeta y decomisar bienes valuados en aproximadamente 15 mil millones de dólares, México continúa enfrentando las consecuencias de la guerra que dejó su ausencia. Incluso el Gobierno mexicano analiza reclamar parte de esos recursos, argumentando que el daño provocado por el grupo criminal también fue sufrido por el país.
El conflicto también deterioró la relación bilateral entre México y Estados Unidos.
Desde 2024, el Gobierno mexicano ha insistido en exigir información completa sobre la operación mediante la cual Zambada terminó bajo custodia estadounidense, al considerar que nunca existió una explicación satisfactoria sobre la participación de autoridades norteamericanas y el papel desempeñado por integrantes de Los Chapitos. Investigaciones periodísticas recientes sostienen que la operación fue más compleja de lo inicialmente reconocido por Washington.
Más allá del caso judicial, el saldo político tampoco es menor.
La captura de "El Mayo" terminó involucrando al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, luego de que el propio narcotraficante asegurara que acudía a una reunión política el día de su captura. Aunque las autoridades han rechazado cualquier responsabilidad penal del mandatario, el episodio alimentó una crisis política que aún persiste.
A dos años de distancia, la pregunta central permanece sin respuesta: ¿se debilitó realmente el crimen organizado o simplemente cambió de forma?
Los operativos federales muestran avances importantes en aseguramientos y capturas. Sin embargo, para miles de familias sinaloenses la realidad cotidiana continúa marcada por homicidios, desapariciones, desplazamientos y una percepción permanente de inseguridad.
La historia reciente demuestra que la captura de un líder histórico no necesariamente implica el fin de una organización criminal.
En el caso del Cártel de Sinaloa, la caída de su fundador no significó el final del imperio, sino el inicio de una guerra interna cuyos costos siguen siendo pagados, principalmente, por la población civil.
Dos años después, el mayor golpe no parece haber sido contra el narcotráfico, sino contra la estabilidad de Sinaloa.
