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MensajearMorelia, Mich., a 19 de noviembre de 2025.- La Fiscalía de Asuntos Internos quedó en el centro de una tormenta institucional luego de que un juez de control ordenó investigar a una agente de esa área por la probable simulación de pruebas, después de dictar auto de no vinculación a proceso a un agente del Ministerio Público acusado de tres delitos. La audiencia, que se extendió casi seis horas, terminó transformándose en un cuestionamiento directo a la integridad y credibilidad del órgano que, en teoría, debería garantizar la legalidad dentro de la propia Fiscalía.
Un caso que derrumba la credibilidad del órgano de control
La decisión judicial no sólo derrumbó la imputación, sino que dejó abierta una sospecha extremadamente delicada: la posibilidad de que Asuntos Internos hubiera construido un caso sin sustento real. Esa conclusión adquiere mayor peso si se considera que la oficina se encuentra bajo la dirección de Javier Ocampo García, un funcionario cuya trayectoria ha estado marcada por polémicas, remociones abruptas y acusaciones públicas de abusos de autoridad.
Su designación como titular de Asuntos Internos en octubre de 2025 reavivó viejas inquietudes, pues diferentes episodios en su historial —como su salida de la FGR en Quintana Roo tras denuncias mediáticas por cateos ilegales, robos durante operativos y presuntas redes de extorsión— dejaron una estela de dudas que nunca fueron disipadas del todo.
El perfil polémico de Javier Ocampo vuelve al centro
A lo largo de su carrera, Ocampo acumuló señalamientos en distintos frentes. En Quintana Roo, la Visitaduría General y la SEIDO abrieron investigaciones que, aunque no derivaron públicamente en sanciones, sí llevaron a la remoción de la delegación a su cargo. Su paso por cargos de seguridad en Michoacán se vio interrumpido por renuncias y cambios intempestivos en momentos de crisis, lo que reforzó la percepción de un funcionario que iba dejando conflictos sin resolver.
A pesar de ello, volvió a la administración estatal y, finalmente, fue colocado al frente de la oficina encargada de investigar a los propios servidores públicos de la Fiscalía.
Señalamientos internos: presión, cifras y expedientes débiles
Hoy, con un juez señalando posibles irregularidades en una carpeta integrada bajo su mando, la Fiscalía de Asuntos Internos enfrenta la acusación más grave que puede recaer sobre un órgano de control interno: que sus agentes podrían estar manipulando evidencia para justificar imputaciones.
Esta posibilidad no surge en el vacío. Funcionarios consultados bajo reserva describen un ambiente interno donde Asuntos Internos opera más como un mecanismo de presión contra fiscales incómodos que como una instancia de depuración real. En ese entorno, la búsqueda de resultados rápidos y visibles habría desplazado el rigor jurídico, alimentando la percepción de que algunos expedientes se arman con debilidades evidentes o con datos construidos para sostener imputaciones que, ante un juez, no resisten el escrutinio.
La narrativa de “fabricación de delitos” toma fuerza
La decisión judicial reforzó precisamente esa narrativa. En un contexto donde la Fiscalía enfrenta presiones para mostrar avances en el combate a la corrupción interna, la figura de Ocampo y su historial previo alimentan la sospecha de que la institución podría estar recurriendo a prácticas cuestionables para aparentar eficacia.
La posibilidad de “fabricar delitos para dar resultados”, que antes circulaba como un señalamiento informal, ahora encuentra un terreno fértil para crecer después de que un juez advirtiera indicios de simulación de pruebas en una carpeta integrada por la propia área encargada de vigilar la legalidad.
Silencio institucional ante el creciente escándalo
El silencio de la Fiscalía General del Estado sólo incrementa la tensión. Hasta el momento, la institución no ha informado si se iniciará una investigación interna contra la agente señalada, si se revisará el actuar de Asuntos Internos bajo la dirección de Ocampo, o si se evaluaron antecedentes y señalamientos previos al momento de su nombramiento. Mientras tanto, la pregunta que corre entre fiscales, defensores y funcionarios no es menor: ¿cuántas carpetas más podrían haberse integrado con los mismos vicios, irregularidades o prácticas señaladas en esta audiencia?
Lo ocurrido no sólo dejó sin efecto una imputación. Abrió una grieta en la estructura encargada de vigilar la conducta de quienes trabajan dentro de la Fiscalía y colocó a Asuntos Internos en la mayor crisis de legitimidad que ha enfrentado en años. Con un titular cuestionado y una resolución judicial que apunta a irregularidades graves, la institución queda expuesta en un flanco que no puede permitirse ignorar.
