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MensajearMorelia, Mich; 17 de enero de 2017. Al cuestionar el vínculo que las autoridades responsables de procurar justicia en el estado y la federación, como son PGR y PGJE tienen con presuntos responsables de la malversación de recursos en la entidad y con ello la poca garantía que aplicarán sanciones correspondientes, Silvia Estrada Esquivel, Secretaria de la Contraloría del Estado (Secoem) aseguró estar plenamente convencida “así como está el señor gobernador, que cada instancia hará lo conducente”.
En una rueda de prensa que inició con casi dos horas de atraso, la funcionaria se excusó al argumentar que se encontraba en las instancias judiciales interponiendo las demandas correspondientes, pero de las que aclaró competen sólo al proceso de Entrega-Recepción “estamos en espera de cerrar las auditorías que por la propia naturaleza y facultad que tiene la Secretaria de Contraloría, concluyamos estos procedimientos y fue lo más complicado y lo que más derivó en daño no sólo al erario, sino a terceras personas y propios municipios”.
Anunció que en breve estará informando sobre los cierres de las auditorías que son de impacto importante en materia de salud, educación y seguridad pública “que incluso el Auditor Superior de la Federación hablaba que Michoacán solamente en la Cuenta Pública del 2014 tuvo un desvío importantísimo de ocho mil 89 millones de pesos, sin dejar de considerar los 28 mil 477 millones de pesos de la cuenta pública del 2011, todavía nos faltan la indagatoria de cerrar auditorías que corresponden a otros ejercicios y a rubros en específico, son periodos que emanan del 2012 al 2015”
Al detallar sobre los faltantes, la funcionaria destacó que “faltó el pago por concepto de aportaciones patrón-trabajador a la Dirección de Pensiones Civiles del Estado, no obstante, de haberse realizado las retenciones a los trabajadores, a través de los descuentos respectivos lo que ocasionó un daño al erario público estatal por 92 millones 155 mil 951 pesos, correspondientes a los ejercicios 2014 y 2015”.
En ese mismo periodo, al Instituto de Vivienda del Estado se le practicó una auditoría, que determinó un daño al erario público estatal por mil 590 millones de pesos; de las actas notariales, se certificó la falta de pago de las participaciones a los 113 municipios del Fondo General de Participaciones ocasionando un daño a los municipios y erario público estatal por 96 millones 807 mil pesos “el daño a los municipios por omitir el pago de sus participaciones fue por 247 millones 502 mil 129 pesos”.
Estrada Esquivel agregó que lo correspondiente a los recursos federales, del Fondo de Aportaciones Múltiples FAM 2012 y 2013 “se determinó un detrimento a la hacienda pública federal por 386 millones de pesos; en el Régimen Estatal de Protección Social de Salud en el ejercicio 2012, se determinó un daño por mil 594 millones de pesos”, que ambos representan un importe por tres mil 759 millones de pesos.
Con ello, la Secoem presentó denuncias contra quien resulte responsable por la presunción de posibles conductas delictivas que se advierten en la integración de los procedimientos seguidos por la dependencia. Las irregularidades detectadas fueron documentadas a través de un escrupuloso proceso de revisión “será la autoridad correspondiente los que, a partir de la valoración de los elementos de prueba e investigaciones del Ministerio Público en estricto apego al nuevo Sistema Penal Acusatorio, determine la judicialización de los expedientes”.
