"...Somos periodistas. Una vez más estamos dolidos, enojados y preocupados

Morelia, Mich; 10 de agosto de 2017.- Nuestro colega Luciano Rivera fue asesinado el lunes 31 de julio de 2017 en Playas de Rosarito, Baja California. El crimen aún no ha sido aclarado y, lejos de investigar, pareciera que las instituciones de procuración de justicia buscan cerrar el caso e incluso persiguen a otros colegas quienes develan detalles importantes.

Horas después del homicidio, la subprocuradora de Baja California, Patricia Ortega, dijo que no existían indicios de que el asesinato de Luciano Rivera se vinculara con su actividad periodística. Ella difundió la versión de que habría sido asesinado por defender a una mujer dentro de un bar.

Sin embargo, con el paso de los días ha quedado claro que las personas que dispararon contra Luciano Rivera llegaron hasta allí buscándolo y presuntamente tenían tiempo siguiéndolo. Además, en la revista que él dirigía -Dictamen BC-, los últimos ejemplares fueron dedicados a investigaciones que sin dudas pudieron incomodar a grupos delincuenciales y de poder: la edición de mayo llevó por título “Guerra de narcomenudistas” y la de junio/julio “Desmantelan a la mafia amarilla”, en relación a una mafia de taxis en Tijuana.

Exigimos que el asesinato de Luciano Rivera sea investigado sin descartar a su trabajo periodístico como posible móvil. Que sean identificados y castigados los responsables, así como garantizada la seguridad de sus familiares y compañeros. 

También responsabilizamos al gobierno de Baja California y a todas las autoridades mexicanas por la integridad de nuestro colega Alberto Elenes, quien con su trabajo demostró que la versión de la PGJ-BC es insostenible y por ello ha sufrido acoso de las autoridades.  

Elenes investigó más que los órganos de gobierno. Registró testimonios de testigos que refieren a un asesinato premeditado y no fortuito, como aseguraba la PGJ-BC. En la primera audiencia de vinculación a proceso, la justicia confirmó la versión publicada por el reportero. 

Sin embargo, las autoridades de Baja California lo agreden. El director de Comunicación Social de la PGJ-BC lo llamó “irresponsable” por cuestionar la primera versión oficial del asesinato y lo acusó de “tratar de desacreditar la versión de la autoridad”, en un acto que inequívocamente resulta intimidatorio.

Exigimos se garantice la integridad física del compañero Alberto Elenes y cese el descrédito a su trabajo. Acompañamos el reclamo de nuestros colegas de Baja California y exigimos seguridad para ellos.

Basta de agredirnos. Basta de asesinarnos.
Protegemos a nuestras fuentes para procurarles seguridad. Investigamos para hacer de México un país más democrático y justo. 
¡Justicia para Luciano Rivera, seguridad para Alberto Elenes!