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MensajearCiudad de México, a 19 de abril de 2016.- Este medio día, la Senadora del PRI, Rocío Pineda Gochi, presentó ante el Pleno del Senado Mexicano, una iniciativa de Decreto para reformar y adicionar el Código Penal Federal, la Ley de Sistema de Pagos, la Ley del Banco de México y la Ley de Instituciones de Crédito, con el objetivo de crear medidas preventivas y penales, para erradicar el fraude electrónico y físico, por usurpación o robo de identidad.
El Informe Tecnocom sobre Tendencias en Medios de Pago 2015, señaló que el uso de los medios de pagos electrónicos en México, ha representado para el caso de las tarjetas de débito, un crecimiento del 30.2%, y un 10.4% en las tarjetas de crédito; lo cual tiene correlación directa con el aumento del comercio electrónico en un 34%, respecto del 2014, así como el predominio del pago con fondeo de una cuenta bancaria, a través de tarjetas de crédito y débito.
Aunado a lo anterior, cifras del Banco de México reportaron que durante el trimestre octubre - diciembre de 2015, cerca de 19 millones de tarjetas de crédito fueron utilizadas para realizar una transacción, y 55 millones se hicieron utilizando tarjetas de débito. Por su parte, el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios, realizó casi 32 millones de operaciones en el mes de febrero de 2016.
Pese a la fortaleza del sistema financiero mexicano y su sistema de pagos, a nivel internacional prolifera una modalidad de fraude que afecta a los sistemas financieros, y México no es la excepción, ocupando el octavo lugar. De acuerdo al informe “Reclamaciones Imputables a un Posible Robo de Identidad 2011-2015”, realizado por la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), de los más de 3.8 millones de reclamaciones durante el 2015, casi 3 millones se atribuyen a un posible fraude, de los cuales, más de 72 mil son imputables a un posible robo de identidad.
Es por ello que la Senadora Rocío Pineda, y las senadoras Ivonne Álvarez, Angélica Araujo, Margarita Flores y Lisbeth Hernández, así como el Senador, Oscar Rosas, asumieron la responsabilidad de reformar y adicionar las leyes que regulan la banca y a las autoridades financieras, proponiendo dos cosas en particular: 1.- Que la Secretaría de Hacienda y el Banco de México, tengan facultades jurídicas para establecer mecanismos de validación y autentificación de la información, así como documentación de los clientes de los intermediarios financieros; 2. Establecer un tipo penal para perseguir, sancionar e inhibir este delito, además de agravar las penas económicas para el que los cometa.
