Vinculan a proceso a 8 personas señaladas como presuntas ingrantes de la organización Del Caballito, por evasión fiscal y lavado de dinero

Ciudad de México, a 1 de junio de 2026.- Luego de que un juez federal de Michoacán encontrara los elementos suficientes para continuar con la investigación en contra de una presunta red dedicada a la evasión fiscal y al lavado de dinero, determinó la vinculación a proceso de ocho personas señaladas como integrantes de la organización conocida como "Del Caballito".

De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), el grupo habría utilizado un entramado de empresas facturadoras para mover recursos de origen presuntamente ilícito dentro del sistema financiero nacional. Mediante estas operaciones, el dinero era transferido a compañías beneficiadas con el propósito de ocultar su procedencia y reducir o evitar el pago de impuestos, generando afectaciones a la hacienda pública.

Durante la audiencia inicial, el Ministerio Público Federal imputó a los detenidos por su probable responsabilidad en la expedición de comprobantes fiscales falsos. Como medida cautelar, el juez ordenó prisión preventiva oficiosa para los acusados. Sin embargo, la defensa solicitó la ampliación del plazo constitucional, por lo que será en los próximos días cuando se determine su situación jurídica definitiva.

El caso se desprende de una investigación conjunta entre distintas instancias federales, entre ellas la FGR, la Agencia de Investigación Criminal, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Unidad de Inteligencia Financiera y el Servicio de Administración Tributaria. Como parte de las indagatorias, la semana pasada se realizaron 40 cateos simultáneos en inmuebles ubicados en Michoacán, Jalisco, Colima, Quintana Roo, Sonora y Aguascalientes, donde fueron detenidos ocho presuntos integrantes de la red y asegurada documentación relacionada con sus actividades.

Las autoridades sostienen que la organización ofrecía a diversas empresas mecanismos de simulación financiera y esquemas para evadir impuestos. Para ello, presuntamente creaban compañías fachada, realizaban operaciones con clientes reales y distribuían los beneficios obtenidos a través de estructuras diseñadas para aparentar legalidad. La FGR identificó al menos 15 empresas y asociaciones civiles utilizadas para estas actividades en varios estados del país.

Según la dependencia, las conductas investigadas constituyen delitos previstos en el Código Fiscal de la Federación, que establece sanciones de hasta nueve años de prisión para quienes participen en la emisión de facturas falsas. Las pesquisas continúan para determinar el alcance de las operaciones y la posible participación de más personas o empresas relacionadas con la red delictiva.