Vigila crimen las calles de Apatzingán, Michoacán: Estado retira otras 7 cámaras clandestinas mientras Fanny Arreola guarda silencio; acusan a municipales y criminales de operar la red

Apatzingán, Mich., a 23 de mayo de 2026.— Por cuarta ocasión en menos de tres meses, autoridades estatales y federales tuvieron que intervenir en Apatzingán para desmontar cámaras de videovigilancia instaladas ilegalmente en calles y puntos estratégicos del municipio. Esta vez fueron siete dispositivos más. Pero detrás del operativo emerge una acusación cada vez más grave: que la red criminal de monitoreo no solo creció bajo la administración de Fanny Arreola, sino que presuntamente habría operado con apoyo y protección desde la propia estructura policiaca municipal.

La Fiscalía General del Estado informó este viernes que las cámaras “parásitas” fueron localizadas en postes de energía y telefonía durante acciones coordinadas con DEFENSA y Guardia Civil. Según las investigaciones, estos dispositivos son utilizados para alertar a células criminales sobre movimientos de autoridades y mantener control territorial sobre distintas zonas de la ciudad.

Con este nuevo aseguramiento, suman ya al menos 38 cámaras clandestinas desmontadas en cuatro operativos distintos realizados entre febrero y mayo de 2026 en Apatzingán. La cifra exhibe la dimensión de una estructura ilegal de vigilancia que, lejos de tratarse de hechos aislados, parece haber operado como un auténtico sistema paralelo de inteligencia criminal en plena vía pública.

Sin embargo, para habitantes de Apatzingán el problema dejó hace tiempo de ser únicamente tecnológico. Lo que hoy indigna es que mientras el Estado y la Federación siguen arrancando cámaras una por una, el gobierno municipal no ha emprendido una sola acción pública contundente para desmantelar la estructura completa ni para investigar a mandos señalados directamente de presuntos vínculos con el crimen organizado.

Las sospechas no surgieron de la nada.

Desde octubre de 2025, el nombre de Jesús Rangel Barajas, conocido como “Chucho” o “El Lobo”, comenzó a aparecer en denuncias públicas y señalamientos difundidos por activistas de la región. Todo escaló tras la aparición de un video atribuido a Fabián Figueroa Andrade, alias “El Camaritas”, quien antes de ser asesinado confesó haber instalado al menos 57 cámaras clandestinas para el crimen organizado en Apatzingán.

En esa grabación, “El Camaritas”, quien minutos después sería asesinado, aseguró que muchas de esas cámaras fueron colocadas incluso en infraestructura vinculada al sistema de vigilancia institucional del municipio y señaló directamente a Rangel Barajas como presunto enlace operativo entre policías municipales y estructuras criminales.

Pero el señalamiento más delicado fue otro.

Según ese mismo testimonio, la red de vigilancia clandestina presuntamente trabajaba para Nery Salgado Harrison, alias “El Yupo”, identificado por habitantes y reportes locales como operador histórico de los Caballeros Templarios en la región de Tierra Caliente. Aunque estas acusaciones no han sido confirmadas judicialmente, la permanencia de cámaras ilegales en distintos puntos de Apatzingán y la ausencia de detenciones relacionadas han fortalecido la percepción de impunidad.

Más aún: si la confesión de “El Camaritas” sobre la instalación de 57 cámaras fuera cierta, las 38 desmontadas hasta ahora representarían apenas una parte de toda la red criminal de monitoreo que habría operado en el municipio con capacidad para vigilar accesos, movimientos policiales y actividades cotidianas de la población.

La gravedad del caso radica en algo más profundo: las cámaras no estaban ocultas en túneles ni bodegas clandestinas. Fueron instaladas sobre postes públicos, avenidas transitadas y zonas urbanas visibles para cualquier autoridad municipal.

Y aun así, durante meses —posiblemente años— operaron sin ser retiradas por el ayuntamiento.

Mientras tanto, habitantes denuncian que muchas cámaras siguen activas en la cabecera municipal y en zonas bajo influencia de grupos criminales. Algunos incluso aseguran que ciertos sectores jamás han sido tocados por los operativos, pese a que los dispositivos permanecen a plena vista.

La narrativa oficial del municipio también comienza a fracturarse frente a los hechos. Porque cada nuevo operativo federal confirma algo que el gobierno local negó, minimizó o simplemente ignoró: que Apatzingán desarrolló una red paralela de vigilancia criminal con capacidad de monitorear movimientos de autoridades y controlar sectores completos de la ciudad.

Y en medio de esa crisis, el silencio de Fanny Arreola empieza a convertirse en uno de los elementos más cuestionados.

Hasta ahora, la alcaldesa no ha informado públicamente sobre auditorías al sistema de videovigilancia municipal, investigaciones internas contra su corporación policiaca ni revisiones a posibles filtraciones dentro de la policía local.

Para críticos y habitantes, la pregunta ya no es si existía una estructura criminal de monitoreo en Apatzingán —porque los operativos estatales la han confirmado repetidamente—, sino cómo pudo expandirse con tal nivel de control territorial sin que nadie dentro del gobierno municipal actuara.

Porque mientras el Estado desmonta cámaras, en Apatzingán crece otra percepción mucho más peligrosa: que el crimen organizado no solo vigilaba las calles… sino que pudo hacerlo bajo la sombra de la protección institucional.