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MensajearMorelia , Michoacán, a 21 de junio 2026.-El Observatorio de Seguridad Humana de la Región de Apatzingán reportó el desplazamiento forzado de habitantes en las localidades de Cueramato, Cueramatillo y El Guayabo, tras una jornada de enfrentamientos armados y el uso de artefactos explosivos. Julio César Franco Gutiérrez, consejero del organismo y secretario técnico de la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia, urgió a las autoridades a activar de inmediato los protocolos de protección para las familias afectadas.
De acuerdo con el diagnóstico situacional del Observatorio, las cifras del desplazamiento hasta la mañana de este domingo son.
Cueramato, de los 110 habitantes registrados tras su retorno el pasado 15 de mayo, se estima que solo 32 personas permanecen en la comunidad; el resto ha abandonado sus hogares.
Cueramatillo (Ejido 10 de Abril), la totalidad de sus 28 habitantes se retiró de la población ante la inseguridad.
El Guayabo, el retiro de la población ocurre de forma intermitente desde la mañana del 20 de junio, con la previsión de que continúe el flujo de personas pese al riesgo latente en los caminos por la presencia de artefactos explosivos.
El organismo civil documentó que el desplazamiento inició la tarde del 19 de junio, motivado por enfrentamientos entre grupos delictivos que han utilizado armamento de grado militar y artefactos explosivos improvisados lanzados mediante drones.
Se confirmó que, en la mañana del viernes, la explosión de un artefacto en El Guayabo dejó a dos trabajadores agrícolas lesionados. Además, se reportó que un grupo no determinado de personas, incluyendo niños, permanece refugiado en la escuela de una de las comunidades ante la imposibilidad de transitar por caminos que podrían estar minados.
Ante estos hechos, Julio César Franco Gutiérrez, en su calidad de miembro ciudadano del Comité Interinstitucional para la Atención del Desplazamiento Forzado del Estado de Michoacán, demandó la activación formal de los mecanismos legales vigentes, que en entrevistas anteriores ha evidenciado no son tomados en cuenta por las autoridades locales.
Dentro del protocolo de Respuestas Emergentes, se contempla que el gobierno de Michoacán ejecute las acciones de "primer contacto" para atender a las víctimas.
Mientras autoridades de Apatzingán cumpla con el reglamento de respuesta vigente desde octubre de 2023, elaborando un informe de riesgo y un diagnóstico situacional a través de la Secretaría del Migrante.
El Observatorio de Seguridad Humana enfatizó que es obligación de las autoridades aplicar el marco legal actual para garantizar la seguridad de quienes aún permanecen en las zonas de conflicto y de quienes han sido forzados a abandonar su patrimonio.
