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MensajearGuadalajara, Jal., a 27 de mayo de 2025.- Un juez federal en Jalisco otorgó una suspensión de plano a María del Rosario Navarro Sánchez, considerada por autoridades estadounidenses como la primera mujer mexicana acusada de colaborar con cárteles mexicanos catalogados como organizaciones terroristas, lo que impide momentáneamente su extradición a ese país.
La medida cautelar se otorgó dentro de un juicio de amparo promovido por la defensa legal de Navarro Sánchez, quien busca evitar ser entregada al gobierno norteamericano sin agotar todas las etapas legales del procedimiento de extradición internacional. La orden de detención con fines de extradición había sido emitida el 29 de abril por un juez de control del Reclusorio Sur, en la Ciudad de México.
Aunque se concedió esta suspensión parcial, el juez federal de Jalisco declaró que no tiene competencia para seguir con el caso y ordenó enviar el expediente a un juzgado en materia penal de la Ciudad de México, donde se continuará con el análisis de fondo.
Navarro Sánchez, de 39 años, está detenida en la Comisaría de Reinserción Femenil en Puente Grande, Jalisco, tras ser capturada a principios de mayo en el municipio de Magdalena junto con otro presunto integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Moisés Navarro Orozco.
De acuerdo con autoridades estadounidenses, la mujer habría coordinado actividades criminales vinculadas al tráfico de drogas sintéticas como fentanilo y metanfetaminas, además de participar en el contrabando de armas y lavado de dinero. El Buró Federal de Investigaciones (FBI) y la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) han identificado su rol como pieza clave en operaciones transfronterizas del CJNG.
La acusación formal, emitida el 13 de septiembre de 2023 por un gran jurado en El Paso, Texas, vincula a Navarro con la distribución de drogas en la frontera, el uso de intermediarios estadounidenses para el cruce de estupefacientes y la negociación de armamento de alto poder, incluidos rifles AK-47 y fusiles Barrett calibre .50, valorados en más de 60 mil dólares.
En caso de ser extraditada y hallada culpable, la mexicana enfrentaría penas que van de 10 años hasta cadena perpetua por cargos de narcotráfico, y hasta 15 años de prisión por los delitos relacionados con armas de fuego.
