Zinapécuaro, Mich., a 09 de julio de 2015.- Luego de los incidentes registrados en el poblado de Ucareo, tras la detención arbitraria de cinco personas, y de las cuales dos salieron en libertad al ser obligadas a testificar en contra de las tres restantes por el caso de los dos ‘colgados’ de un puente en el poblado, este jueves habitantes se dirigen rumbo a la ciudad de Morelia.
La caravana conformada por más de 500 personas, salió esta mañana desde Ucareo, municipio de Zinapécuaro, y pasará, entre otros poblados, por los municipios de Queréndaro y Charo, hasta la ciudad de Morelia, en donde harán públicas las demandas que han surgido a raíz de las detenciones.
Entre sus exigencias, los manifestantes piden al Gobierno Federal que sea la Secretaría de Marina la encargada de brindar la seguridad en esta región oriente del estado, toda vez que desconfían de las autoridades estatales, luego de que agentes de la Procuraduría de Justicia de Michoacán irrumpieron de manera ilegal en los domicilios de los ucarenses para localizar a los responsables de los asesinatos del pasado viernes 3 de julio.
Asimismo, exigirán a las autoridades la liberación de las tres personas restantes que fueron detenidas, acusadas por su presunta responsabilidad en el homicidio de los dos sujetos que fueron colgados de un puente en el poblado.
Los habitantes han denunciado que la autoridad estatal ha amenazado con hacer redadas para obligarlos a retirar las barricadas que en el lugar fueron instaladas a consecuencia de la inseguridad, sin embargo, se resisten a retirarlas, y por ello temen que como forma de amedrentarlos se comiencen a dar desapariciones forzadas.
También exigen a los medios de comunicación que brinden información veraz sobre los sucesos, debido a que algunos medios han calumniado a los manifestantes, con lo que, afirmaron, les queda claro que son medios pagados por el Gobierno Estatal para desprestigiar al movimiento, toda vez que se les ha señalado de estar armados y encapuchados, cosa que es falsa.
Finalmente, afirmaron que hacen responsables a las autoridades estatales y de manera particular al gobernador Salvador Jara Guerrero, de cualquier cosa que pueda pasarles por exigir la liberación de los detenidos.