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MensajearLos Reyes, Mich., a 3 de mayo de 2026.— El hallazgo de un laboratorio clandestino en la comunidad de Rodeo del Pinal no es un hecho aislado ni menor. Ocurre en un momento en que autoridades de Estados Unidos han colocado bajo acusación formal y con recompensas millonarias a los principales jefes de Cárteles Unidos, entre ellos los operadores de esta región: Alfonso Fernández Magallón y Luis Enrique Barragán Chávez.
El operativo, realizado por el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, permitió ubicar una instalación equipada con cuatro reactores industriales de 300 litros, condensadores, tambos con acetona y bidones con “miel quebrada”, una sustancia clave en la fabricación de metanfetamina. El laboratorio fue destruido en el sitio y los químicos quedaron bajo resguardo de la Fiscalía General de la República. Sin embargo, más allá del aseguramiento, el golpe apunta a una estructura criminal mucho más amplia.
De acuerdo con acusaciones formales del Departamento de Justicia, este tipo de laboratorios forman parte de una red capaz de producir toneladas de droga sintética cada mes en Michoacán, con rutas de distribución que alcanzan ciudades como Los Ángeles, Chicago, Houston, Atlanta y Denver. En ese engranaje, dos nombres destacan en la región de Los Reyes: Alfonso Fernández Magallón y Luis Enrique Barragán Chávez.
Fernández Magallón, identificado como líder del Cártel de Los Reyes, es señalado por coordinar la producción de metanfetamina y su envío hacia Estados Unidos, además de supervisar la operación de células locales encargadas de mantener activa la cadena de producción. Barragán Chávez, por su parte, es descrito como jefe de facciones armadas que resguardan estos laboratorios, imponen control territorial y ejecutan acciones violentas utilizando armamento de alto poder, drones y vehículos blindados.
La presión internacional contra ellos ya tiene cifras concretas. El gobierno de Estados Unidos ofrece hasta 5 millones de dólares por información que lleve a la captura de Fernández Magallón y hasta 3 millones de dólares por Barragán Chávez. Ambos forman parte de un grupo de cinco líderes criminales por los que se ofrecen recompensas que, en conjunto, suman hasta 26 millones de dólares. En la lista también aparecen Juan José Farías Álvarez, con una recompensa de hasta 10 millones de dólares; Nicolás Sierra Santana, con hasta 5 millones; y Edgar Orozco Cabadas, con hasta 3 millones.
Todos enfrentan cargos por conspiración para fabricar y traficar drogas hacia Estados Unidos, así como por el uso de armas de alto calibre, incluyendo ametralladoras y dispositivos explosivos. De ser detenidos y condenados, podrían enfrentar cadena perpetua.
En este contexto, el laboratorio destruido en Los Reyes deja de ser un simple punto de producción y se convierte en evidencia tangible de una red criminal que opera a escala internacional. Cada reactor asegurado representa una fracción de una maquinaria que, según las autoridades estadounidenses, conecta comunidades rurales de Michoacán con mercados de droga en múltiples ciudades del mundo.
Mientras tanto, los líderes señalados permanecen prófugos. Y aunque las recompensas millonarias reflejan el nivel de prioridad que tienen para Washington, los hechos en terreno muestran que su estructura sigue activa. El golpe en Rodeo del Pinal, lejos de cerrar el capítulo, expone la dimensión de una guerra que se libra simultáneamente en los campos de Michoacán y en los tribunales de Estados Unidos, donde los nombres de “Poncho” y “El Güicho” ya tienen precio… y expediente abierto.
