Desmantela la FGR presunta red dedicada a esquemas de evasión fiscal y lavado de dinero; fueron detenidas 8 personas durante el operativo

Ciudad de México, a 29 de mayo de 2026.- La Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) desarticularon una presunta red dedicada a esquemas de evasión fiscal y lavado de dinero mediante la utilización de empresas fachada y la emisión de facturas por operaciones inexistentes. Las investigaciones derivaron en un operativo simultáneo desplegado en nueve estados del país.

De acuerdo con Ulises Lara López, titular de la Fiscalía Especializada en Investigación de Asuntos Relevantes y vocero de la FGR, participaron 440 elementos de distintas corporaciones en acciones realizadas en Jalisco, Guanajuato, Colima, Durango, Quintana Roo, Sonora, Sinaloa, Aguascalientes y Coahuila. Como resultado, se ejecutaron 40 cateos y fueron detenidas ocho personas presuntamente vinculadas con la organización criminal identificada como “Del Caballito”.

Las autoridades señalaron que este grupo habría creado empresas y asociaciones civiles para emitir comprobantes fiscales falsos, con los que simulaban operaciones comerciales y registraban movimientos financieros inexistentes. Mediante este mecanismo, los beneficiarios reducían artificialmente el pago de impuestos y ocultaban el origen de los recursos.

Según la investigación, el dinero obtenido a través de estas operaciones era distribuido dentro del sistema financiero y posteriormente transferido a los propietarios de las compañías favorecidas, lo que generaba afectaciones directas a la hacienda pública y facilitaba posibles esquemas de lavado de dinero.

Durante los cateos fueron asegurados 11 inmuebles, 14 vehículos, dos motocicletas y diversas cantidades de dinero en efectivo en distintas divisas. Entre lo decomisado se encuentran cerca de 17 mil 945 dólares, más de un millón 90 mil pesos, así como yenes japoneses, libras esterlinas, soles peruanos, euros y coronas danesas.

La FGR informó que la red delictiva posiblemente operaba al menos 15 empresas y asociaciones civiles utilizadas como fachadas. Los domicilios fiscales de estas entidades se localizan principalmente en Jalisco, Michoacán, Sinaloa, Sonora y Quintana Roo, estados donde continúa el seguimiento de las investigaciones para determinar el alcance de las operaciones financieras irregulares.