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MensajearLeón, Guanajuato, 12 de junio del 2025.- La tranquilidad de la colonia Soberna Residencial se vio interrumpida tras la desaparición de dos jóvenes en la ciudad de León. Horas después, sus cuerpos fueron localizados sin vida, envueltos en bolsas de plástico y abandonados junto a un camino de terracería cercano al arroyo conocido como Camino a las Liebres.
La Fiscalía General del Estado confirmó el hallazgo y desplegó a su personal de criminalística, quien acordonó el área y llevó a cabo la documentación de la escena. Las víctimas presentaban evidentes signos de violencia física, incluyendo indicios de asfixia mecánica. En uno de los casos, incluso, se detectó la mutilación de una oreja, lo que agravó aún más la brutalidad del crimen.
Los cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense, donde especialistas en medicina legal, genética forense y lofoscopía iniciaron el protocolo correspondiente: levantamiento de huellas dactilares, toma de muestras de ADN y análisis de otros indicios biológicos. Simultáneamente, peritos en informática forense iniciaron la extracción de información contenida en los dispositivos móviles asegurados, proceso que se realizó bajo autorización judicial federal.
Gracias al análisis minucioso de estos datos, se logró establecer un patrón de movimientos y conductas que apuntaron directamente a la participación de FRANCISCO EMMANUEL “N” y YAHAIRA MONSERRAT “N”. Esta línea de investigación fue fortalecida por imágenes obtenidas a través de cámaras de videovigilancia, así como por múltiples diligencias de campo y entrevistas realizadas a testigos clave.
Con base en la solidez de las pruebas periciales, científicas, gráficas y testimoniales reunidas en la carpeta de investigación, el Ministerio Público solicitó y obtuvo órdenes de aprehensión contra los presuntos responsables. Agentes de investigación criminal lograron ubicar y detener a FRANCISCO EMMANUEL “N” y YAHAIRA MONSERRAT “N”, quienes fueron puestos a disposición del juez correspondiente.
El caso avanzó dentro del sistema penal acusatorio hasta alcanzar la etapa de juicio. Ante la contundencia del material probatorio presentado por la Fiscalía, los imputados aceptaron su responsabilidad y optaron por acogerse al procedimiento abreviado. Como resultado, un tribunal unitario dictó sentencia condenatoria.
Ambos fueron sentenciados a 26 años y 8 meses de prisión: 18 años y 8 meses por homicidio calificado, y 8 años adicionales por homicidio simple. Además, se les impuso la obligación de pagar la reparación del daño a las familias de las víctimas, así como cubrir los gastos funerarios correspondientes. También se les suspendieron sus derechos político-electorales y se les negaron los beneficios de ley, así como cualquier forma de sustitución de la pena de prisión.
