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Redacción/Noventa Grados
En tanto que la misión del Poder Judicial de Michoacán es ofrecer servicios confiables y transparentes, la rendición de cuentas es fundamental para alcanzar esta meta. Razón por la cual la contraloría interna del Consejo del Poder Judicial revisa permanentemente el manejo de los recursos financieros de los órganos jurisdiccionales y administrativos de esta institución.
En el marco de estas acciones, la semana anterior el Poder Judicial presentó ante el ministerio público nuevos hechos y elementos de prueba relacionados con la denuncia que esta institución realizó, el pasado 10 de octubre de 2011, en contra de quien o quienes resulten responsables por la comisión de hechos considerados delictuoso en perjuicio del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del Estado.
Con los nuevos hechos y elementos de prueba, obtenidos de la minuciosa revisión de expedientes por parte de la contraloría interna del Poder Judicial, la auditoría realizada al juzgado primero de primera instancia en materia penal del distrito judicial de Morelia arroja que la suma total faltante del fondo auxiliar es de 2 millones 651 mil 170 pesos.
El recurso faltante corresponde a órdenes de pago relativas principalmente a fianzas, multas y dinero depositado por concepto de reparación del daño de los usuarios del servicio de Justicia, que fueron liberadas y cobradas indebidamente; así como a dinero en efectivo que el ministerio público había dejado a disposición del juzgado, al momento de la consignación de la averiguación previa, o bien, por alguna de las partes durante el proceso, sin que el mismo hubiese sido ingresado a la cuenta bancaria del fondo auxiliar.
La auditoría comprende del 1 de enero de 2007 al 13 de julio de 2011, tiempo en el cual estuvo a cargo del juzgado el juez Juan Ruiz Barrera, ahora adscrito al juzgado quinto penal de Morelia.
De lo anterior se concluye que el Poder Judicial realiza las acciones necesarias para que la investigación que se realiza al interior del juzgado primero penal de Morelia, permitan identificar a quien o quienes resulten probables responsables de los hechos denunciados.
