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Redacción / Noventa Grados
Morelia, Mich; 6 de diciembre de 2012.- En el nuevo sistema penal acusatorio que se instrumenta en el país, son las policías el eslabón más débil de la cadena, esto a ojos de Rodolfo Félix Cárdenas, miembro del Centro de Estudios en Política Criminal y Ciencias Penales, de la Barra Mexicana Colegio de Abogados y de la Academia Mexicana de Ciencias Penales. Quien también se desempeñó como procurador del Distrito Federal en la recta inicial del gobierno de Marcelo Ebrad, es capacitador en el sistema acusatorio en México, por lo que en estos días se encuentra impartiendo capacitaciones en tierras michoacanas. Entrevistado a propósito del anuncio hecho por el presidente Enrique Peña Nieto en su primer mensaje a la nación, en el que planteó códigos de Procedimientos Penales, y Penal únicos para México, Félix Cárdenas se mostró de acuerdo con el planteamiento. “Hay que partir de un contexto histórico, siempre se ha entendido como una atribución de las entidades de la República darse su propio Código de Procedimientos Penales y su Código Penal, esto no es un tema de fechas recientes, siempre ha sido así. En el contexto de la Constitución Mexicana esta atribución siempre ha quedado en manos de los estados; lo que la Federación no tiene expresamente previsto en el marco constitucional se reserva a los estados”. A decir de Félix Cárdenas, cuando se tienen diferentes códigos la complejidad normativa es muy grande, por un lado se tiene un problema de regionalización de la ley penal, lo que genera por ejemplo que en la actualidad no exista un Código Penal Único comentado que se estudie en todo el país, y que haga que los jueces, procuradores, ministerios públicos y abogados hablen el mismo idioma, “esto dificulta también la enseñanza en las aulas”. En el caso del Código de Procedimientos Penales único señaló que hay varias vertientes en el marco de la instrumentación del nuevo sistema de justicia penal, ya que hay estados que no tienen todavía un trabajo consolidado, otros están cercanos a contar su código de procesos acusatorios, y unos más ya están trabajando con un nuevo marco normativo. “¿Qué implica todo esto?, que los que no tienen un código en este momento tendrán que tomar la decisión de esperar o no ese código único y el debate que por éste se dé, esto les implicaría un atraso porque hay una reforma constitucional que dice que en 2016 debe estar operando el nuevo modelo. “Por eso el Código Procesal único debe verse rápido, que se presente tras haberse discutido de manera mesurada a no largo tiempo, en donde el debate se dé en el Congreso para que surja en un tiempo razonable”. Refirió que actualmente son entre doce y quince estados los que no tienen un código procesal vigente. “Los estados que tienen un código procesal terminado, que están esperando entre en vigor y que aún no lo aplican como Michoacán, Puebla, Hidalgo o Veracruz, ¿deberán frenar el trabajo frente al anuncio de un código único?, yo creo que no, porque tienen la ventaja de poder empezar a practicar en la lógica del sistema acusatorio, podrán implementar la estructura material que se requiere, tener a sus jueces capacitándose y aprendiendo al igual que sus operadores fiscales, defensores y todo su personal, esto va a servir de experiencia para hacer el tránsito más fácil hacia el código único”. Félix Cárdenas recordó que todos los códigos tienen una columna esencial y similar, aunque hay algunos que las tienen mejor previstas que otras, “hay omisiones en algunos y en otros no, comparándolos esto nos da experiencia para ver qué es bueno prever en el código único y tener así las mismas reglas para todos. “Esto nos ayuda a que los operadores se entrenen con la misma norma, lo que permitirá un entendimiento común entre todos, que se generen mejores criterios y que haya un mejor control en las decisiones de tribunales colegiados”. A decir de Félix Cárdenas, el nuevo sistema implica indudablemente un cambio cultural e incluso un cambio generacional, “va a tener que haber cabida de generaciones nuevas que entran al conocimiento desde el inicio de un nuevo sistema y lo van a operar”. Es así como refirió que una de las partes más débiles en las que hay que tener mayor cuidado es en las policías, porque éstas están acostumbradas a trabajar de una manera que no tiene que ver con el nuevo sistema, “requieren una capacitación y un entrenamiento especializado, que implica un cambio de mentalidad y conlleva un trabajo de equipo entre el policía y el fiscal necesariamente. “Antes como que no se hablaban la policía y los fiscales a pesar de ser del mismo equipo; ahora no, ahora tienen que estar de la mano trabajando bajo programas metodológicos y de protocolo”. En lo que toca al Código Penal único, apuntó que el tema es más complejo, aunque está de acuerdo con la propuesta, “no es lo mismo unificar normas procesales que un Código Penal para todo el país, porque los estados de la República tienen contempladas diferentes conductas delictivas, sus sistemas de penas son diferentes. Aquí es donde algunos van a perder y otros van a ganar. “Unificar las reglas penales va a tener impactos muy importantes, el tema de fondo y que va a ser el de discusión es que históricamente los estados se han dado sus códigos procesales y penales, y ahora se les dice que se les va a quitar esa facultad, quizá algunos van a querer emprender un debate constitucional si no hay un acuerdo político, por eso tiene que haber una operación política muy importante”. Recalcó que los códigos penales traducidos en un lenguaje político son instrumentos de poder del Estado, “me parece que lo que se va a hacer es una ley general, es decir una ley marco que todo mundo aplique, creo que debe ser una Ley General del Proceso Penal que todos los estados apliquen por igual pero manteniendo sus autoridades”.
